La Junta de Licitación dejó constancia en el acta de que no logró comparar los precios con otros proveedores: las empresas que consultó respondieron que no tenían esos insumos en el mercado nacional.
La Policía Nacional Civil adjudicó Q40 millones 77 mil 500 a Tactical Group, S. A., por 50 mil granadas y proyectiles antidisturbios. Fue la única empresa que ofertó y la Junta de Licitación reconoció por escrito que no logró comparar sus precios con otros proveedores del mercado nacional.
¿Qué compró exactamente la Policía y por cuánto?
La adquisición comprende cinco mil granadas de distracción, 15 mil granadas de gas lacrimógeno de triple acción, 10 mil granadas de humo blanco, 10 mil proyectiles de gas lacrimógeno de 37/38 mm y 10 mil proyectiles de humo blanco del mismo calibre.
Son 50 mil unidades en total. La Junta de Licitación resolvió por unanimidad adjudicar el evento a Tactical Group, S. A., cuya propuesta ascendió a Q40 millones 77 mil 500, respaldada por un seguro de caución de Q400 mil 775 emitido por Aseguradora Fidelis, S. A.
Según el expediente, la compra responde a requerimientos formulados por distintas comisarías y subdirecciones generales de la PNC, con el propósito de dotar a la institución de equipo que permita la interoperabilidad entre sus divisiones durante los operativos de prevención y combate de la criminalidad. La adquisición forma parte del Plan Anual de Compras del ejercicio fiscal 2026.
Estos son medios disuasivos de uso policial para el control de disturbios y para dispersar concentraciones de personas. Su marco legal está en el artículo 3 de la Ley de la Policía Nacional Civil, que asigna a la institución la protección de la vida, la integridad física y la seguridad de las personas.
¿Por qué es relevante que la junta no pudiera comparar precios?
Porque es el mecanismo central de control de una licitación, y el acta consigna que no funcionó.
La Junta de Licitación intentó verificar y comparar los precios de los productos con otras empresas del mercado nacional. La respuesta fue negativa.
“Dichas empresas manifestaron no contar con tales insumos, por ende, a esta Junta de Licitación, no le fue posible analizar y comparar los precios del oferente”, indicó el acta.
El dato que conviene retener: hubo un solo oferente y cero referencias de precio disponibles al momento de decidir. La junta adjudicó con esa constancia explícita en el expediente.
Esto no significa que el precio sea alto ni que exista irregularidad. Significa que el proceso careció del contraste que normalmente permite establecer si un precio es razonable, y que la propia junta lo documentó.
Un punto de comparación con una compra casi idéntica de 2023
Existe un antecedente que permite dimensionar el monto. En junio de 2023, según documentó Prensa Comunitaria, la PNC adjudicó a Tactical Group, también como única oferente, 10 mil 500 granadas de humo blanco, 10 mil 500 granadas de gas lacrimógeno y 30 mil proyectiles de humo: 51 mil unidades por Q29 millones 844 mil, con costos unitarios de Q579 por proyectil y Q594 por granada.
Cálculo de Noticias Del Valle sobre datos públicos: si se aplican esos precios unitarios de 2023 a la mezcla exacta de 2026 (30 mil granadas y 20 mil proyectiles), el paquete costaría alrededor de Q29.4 millones. La adjudicación actual es de Q40.08 millones, una diferencia aproximada de Q10.7 millones, cerca de un 36% más.
Las salvedades son indispensables y no son menores. Entre 2023 y 2026 median tres años de inflación y variación del tipo de cambio; las granadas de distracción no figuraban en el paquete de 2023; las marcas, vidas útiles y especificaciones técnicas pueden diferir; y el desglose de precios unitarios de la compra de 2026 no está publicado. Sin ese desglose no es posible sostener que exista sobreprecio.
Lo que el ejercicio sí permite afirmar es que la comparación es técnicamente posible y que corresponde a la PNC publicar el detalle unitario para despejar la duda que la propia junta dejó abierta.
¿Quién es Tactical Group, S. A., y cuánto le ha vendido al Estado?
Es un proveedor recurrente de equipo policial y militar. Registros de Guatecompras muestran que, desde 2009, la empresa acumula 167 adjudicaciones por Q573.06 millones. Su año de mayor volumen fue 2023, con 15 contratos por Q158.33 millones.
Durante 2026 ha sido uno de los proveedores del Ministerio de Gobernación. Antes de esta adjudicación registraba ocho adjudicaciones por Q69.75 millones, principalmente para suministrar equipo a la PNC.
Con la compra de granadas, el acumulado de 2026 llega a nueve adjudicaciones por cerca de Q109.8 millones, y el histórico desde 2009 se aproxima a Q613 millones, según el cálculo sobre los montos que reporta Guatecompras.
El contrato de mayor monto del año fue adjudicado el 13 de enero de 2026 por Q62.74 millones para suministrar cinco mil radios portátiles a la PNC. La empresa también recibió adjudicaciones para proveer grilletes policiales, cinturones tácticos para nuevos agentes y cascos protectores blindados para la Dirección General de Inteligencia Civil.
Ese renglón de cinturones tácticos tiene una explicación operativa: la institución viene graduando las promociones más grandes de su historia, con 3 mil 726 elementos incorporados en una sola ceremonia en septiembre de 2025, lo que multiplica la demanda de equipamiento individual.
¿Por qué el nombre de esta empresa ya estaba en la discusión pública?
Porque su contrato más grande del año está bajo revisión.
La adjudicación de los cinco mil radios portátiles permanece bajo auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC), luego de que, durante una citación de fiscalización en el Congreso, el diputado José Chic señalara un posible sobreprecio de hasta Q31 millones.
En esa reunión, en junio de 2026, el legislador afirmó que, según un sondeo realizado por su equipo, los radios adjudicados tenían precios superiores a los del mercado.
Las autoridades de la PNC rechazaron el señalamiento. Explicaron que antes de la licitación se efectuó un estudio de mercado para definir las especificaciones técnicas requeridas, que el proceso administrativo fue desarrollado por la Unidad de Apoyo y Logística y que la adjudicación fue responsabilidad de la junta de licitación.
En la misma citación, la Contraloría informó que la auditoría registraba un avance aproximado del 40 % y que la revisión se originó a partir del monitoreo de eventos de alerta temprana.
Conviene ser preciso: la auditoría está en curso y no ha emitido hallazgos públicos. El señalamiento de sobreprecio es una afirmación de un diputado basada en un sondeo propio, no una conclusión de la entidad fiscalizadora. Ninguna autoridad ha establecido responsabilidad alguna.
¿Este patrón de oferente único es nuevo?
No. Es la característica más persistente de este segmento de compras.
La adjudicación de 2023 también tuvo un solo oferente: Tactical Group. Un reportaje del proyecto El Negocio de la Represión, firmado por Jody García y Oswaldo J. Hernández, documentó que la empresa fue creada en 2009 por Rosendo Gabriel Gómez Coyote, quien en registros oficiales aparece como administrador único y representante legal, y la identificó como la principal proveedora del Estado de Guatemala de bombas lacrimógenas, gas pimienta, lanzadores y cartuchos de humo blanco.
Ese mismo trabajo consignó un antecedente relevante para el debate sobre competencia: en la compra del 27 de octubre de 2020, Tactical Group ganó el contrato pese a haber ofertado el precio más alto, con una diferencia de 2 millones 170 mil dólares frente a la otra empresa que participó.
El mercado tampoco es siempre de un solo jugador. En marzo de 2023, en la licitación de 20 mil chalecos antibalas del Ministerio de Gobernación, compitieron cuatro empresas y Tactical Group quedó fuera por presentar una propuesta superior al monto máximo establecido. Es decir: cuando el producto tiene varios distribuidores en el país, la competencia aparece.
La lectura razonable es que se trata de un mercado concentrado por el tipo de insumo, no necesariamente de un proceso cerrado. Es justamente la conclusión que el acta de esta licitación deja sin poder verificar.
¿Por qué esta compra importa más allá del monto?
Por el contexto en que ocurre y por el método con el que se conoció.
Estas adquisiciones se ejecutan en un año en que el Ministerio de Gobernación mantiene operativos conjuntos con el Ejército tras ataques simultáneos contra agentes policiales y bajo un estado de sitio decretado a inicios de 2026. Es decir, existe una demanda operativa real y verificable de equipo de control del orden público.
Al mismo tiempo, la cartera del Interior carga con antecedentes propios en materia de compras: el Ministerio Público obtuvo en octubre de 2025 una orden de captura contra el exministro Francisco Jiménez por presunto fraude en la adquisición de uniformes, un caso bajo reserva judicial y en el que rige la presunción de inocencia. Y la Contraloría General de Cuentas reportó más de 3 mil 500 hallazgos por posibles irregularidades en el primer año de la actual administración, con Q436.3 millones concentrados específicamente en anomalías en contrataciones.
Hay un detalle metodológico que no debe pasar desapercibido. Todo el historial de Tactical Group que sustenta esta nota se reconstruyó cruzando registros de Guatecompras: adjudicaciones por año, montos acumulados, instituciones compradoras. Es exactamente la función que quedó restringida en el portal desde el 21 de julio de 2026 y cuya implementación el Gobierno suspendió el 7 de septiembre, tras el rechazo del Cacif y un amparo en la Corte de Constitucionalidad.
Sin ese cruce, esta compra se habría leído como una cifra aislada.
