La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó al Congreso un informe alarmante sobre el uso de los recursos públicos durante el primer año del gobierno de Bernardo Arévalo, en el que se identificaron 3,554 hallazgos por posibles irregularidades, que involucran un monto superior a los Q2,814 millones.
Helmuth Bode, jefe de la CGC, entregó los resultados de la auditoría anual al presidente del Legislativo, Nery Ramos. El informe revela que se realizaron 1,400 procesos de verificación a distintas dependencias del Estado, derivando en 3,354 sanciones económicas por más de Q134 millones, así como 86 formulaciones de cargos contra funcionarios.
Además, la Contraloría interpuso 115 denuncias penales por presunto uso irregular de Q2,620 millones, principalmente en áreas como obra pública, municipalidades, consejos de desarrollo y fideicomisos.
Entre los casos destacados figuran la ampliación de la sede del Ministerio Público y la compra de un buque para la Marina de la Defensa Nacional, incluidos en el rubro de anomalías en contrataciones, que alcanzan los Q436.3 millones.
Los expedientes ahora están en manos del Ministerio Público, que deberá determinar si se incurrió en delitos en la administración de los fondos estatales.
