La iniciativa 6688 también permitiría usar una contratación simplificada hasta por Q300 mil. Siete centros de pensamiento piden dos meses para revisar la propuesta. Al 21 de noviembre de 2026, el Congreso aún la discutía en comisión.
Una compra estatal de Q1.5 millones que hoy debe licitarse bajo el régimen ordinario podría resolverse por cotización con la iniciativa 6688 del gobierno de Bernardo Arévalo. El cambio elevaría en Q1.1 millones el techo de esa modalidad, mientras sectores empresariales y académicos cuestionan una posible aprobación de urgencia nacional.
Cuánto subirían los montos de compra con la iniciativa 6688
El artículo 71 del proyecto cambia los límites que determinan qué procedimiento debe seguir una institución según el valor de la compra. El mayor aumento porcentual está en el tramo que hoy corresponde a la compra directa con oferta electrónica: su techo es de Q90 mil. La nueva contratación simplificada llegaría a Q300 mil, más del triple.
| Modalidad vigente → modalidad propuesta | Decreto 57-92 vigente | Artículo 71 propuesto | Aumento del techo |
|---|---|---|---|
| Baja cuantía → compra menor | Hasta Q25,000 | Hasta Q35,000 | Q10,000 (+40 %) |
| Compra directa con oferta electrónica → contratación simplificada | Q25,000.01 a Q90,000 | Q35,000.01 a Q300,000 | Q210,000 (+233.3 %) |
| Cotización | Q90,000.01 a Q900,000 | Q300,000.01 a Q2,000,000 | Q1,100,000 (+122.2 %) |
| Licitación | Desde Q900,000.01 | Desde Q2,000,000.01 | El inicio sube Q1,100,000 |
Cálculo de Noticias del Valle con base en los tramos ordinarios por monto. La contratación simplificada es una modalidad nueva. La comparación muestra qué procedimiento correspondería por el valor de la compra.
El efecto se aprecia en dos compras concretas. Una adquisición de Q250 mil hoy cae en cotización y pasaría al procedimiento simplificado. Otra de Q2 millones exactos hoy requiere licitación y podría tramitarse por cotización. Con la propuesta, la obligación de licitar empezaría un centavo después. Ambos ejemplos corresponden al régimen ordinario por monto.
Quién podría volver a subir los límites
El último párrafo del artículo 71 contiene una de las decisiones de mayor alcance. Cada cuatro años, la Dirección General de Contrataciones Públicas revisaría los umbrales y podría actualizarlos si lo considera necesario. Los nuevos valores regirían en el ejercicio fiscal siguiente. La dirección estaría adscrita al Ministerio de Finanzas Públicas.
La dirección podría pedir apoyo al Banco de Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria, el Instituto Nacional de Estadística y otras instituciones. El artículo deja al reglamento el procedimiento de actualización. No fija en su texto un porcentaje máximo de aumento ni ordena utilizar un índice específico. Por eso, el Q2 millones que se discute ahora sería un límite inicial que la autoridad administrativa podría revisar sin que el Congreso tuviera que votar una nueva cifra. Ese es uno de los reparos expresos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
Quién busca la urgencia nacional y cuántos votos necesita
El Ejecutivo presentó el proyecto y el pleno lo conoció el 25 de noviembre de 2025. En noviembre de 2026 surgieron reportes de que el oficialismo buscaría votos para adelantar su aprobación antes de la discusión del Presupuesto 2027. Al corte del 21 de noviembre, el expediente público seguía en comisión y no registraba una declaratoria de urgencia nacional. La autoría del Gobierno está documentada. La mayoría necesaria para acelerar el trámite seguía sin confirmarse.
La diferencia importa. El artículo 176 de la Constitución establece que los proyectos de ley se discuten en tres sesiones celebradas en días distintos. Para exceptuar a la iniciativa de esa regla se necesitan dos tercios del total de diputados: 107 de 160 votos. La facultad de declarar la urgencia corresponde al pleno.
El 17 de noviembre, el CACIF pidió que la iniciativa siguiera el trámite de dictamen y discusión amplia. La Red de Centros de Pensamiento planteó una alternativa con fecha límite: una mesa técnica de hasta dos meses. La petición reúne a Asíes, CIEN, Icefi, Flacso Guatemala, Fundesa, Fundación 2020 y Fundación Libertad y Desarrollo.
Qué controles ofrece Finanzas y qué riesgos siguen abiertos
Finanzas propone convertir Guatecompras en una plataforma donde las instituciones tramiten electrónicamente las adquisiciones. El proyecto contempla identificar a las personas que controlan las empresas proveedoras y crear, en el artículo 190, un Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas para resolver inconformidades e impugnaciones. El viceministro Carlos Melgar informó que el Departamento de Comercio de Estados Unidos aportó insumos técnicos para formular la propuesta.
El 20 de noviembre, Finanzas todavía presentaba modificaciones ante los diputados. Entre ellas figuraban un sistema de alertas en Guatecompras para detectar patrones de riesgo y la obligación de dejar constancia electrónica de cómo una comisión evaluó las ofertas y por qué recomendó adjudicar. Es un punto sensible para el Ejecutivo: en septiembre, Arévalo suspendió cambios en Guatecompras y Finanzas reabrió las consultas tras los cuestionamientos sobre fiscalización.
Las objeciones apuntan a decisiones concretas que seguirían en manos de las autoridades contratantes:
- Ampliaciones de obra. Según el CACIF, determinadas modificaciones permitirían elevar hasta 40 % el valor original de una obra con el mismo contratista y sin nueva licitación. En una obra de Q10 millones, ese porcentaje equivaldría a Q4 millones adicionales.
- Emergencias y servicios profesionales. El comité advierte que la redacción dejaría margen para elegir a un proveedor durante una emergencia sin comparar precios, incluso cuando fuera posible hacerlo. También cuestiona que se puedan contratar profesionales sin documentar una comparación entre candidatos.
- Competencia y fraccionamiento. Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Icefi, pidió justificar técnicamente los nuevos umbrales y evaluar su efecto en la competencia. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, planteó reforzar la auditoría de las compras menores y simplificadas y las sanciones por dividir adquisiciones para mantenerlas bajo un límite.
La competencia ya es un problema verificable bajo la ley actual. Noticias del Valle documentó una adjudicación millonaria en un proceso sin competencia. Para evaluar el cambio de ley, un dato decisivo sería saber cuántos concursos hoy sujetos a licitación pasarían a cotización y cuántos proveedores compiten en cada tramo. La comparación de los montos, por sí sola, no responde esas preguntas.
Qué pasó en 2021 con la reforma que también elevaba los montos
El 28 de abril de 2021, el Congreso aprobó el Decreto 4-2021 a petición de la Asociación Nacional de Municipalidades. La reforma elevaba la baja cuantía de Q25 mil a Q100 mil, llevaba la compra directa hasta Q200 mil y permitía cotizar hasta Q2 millones. Ese último techo coincide con el que ahora propone el gobierno de Arévalo. Para el tramo previo a la cotización, la propuesta actual llega Q100 mil más arriba que la de 2021.
El entonces presidente Alejandro Giammattei vetó el decreto después de los cuestionamientos empresariales. Al explicar su decisión, sostuvo que una reforma promovida para atender a las municipalidades había terminado por alcanzar también a las demás instituciones del Estado. El 9 de septiembre de 2021, el Congreso aceptó el veto con 84 votos y aquellos aumentos quedaron sin efecto.
Qué decisión se espera ahora
La Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Jorge Ayala, anunció que el lunes 23 de noviembre retomaría los aportes de las bancadas. Finanzas estima que la aplicación plena de la ley requeriría 18 meses después de su aprobación y publicación. La próxima sesión permitirá comprobar si el dictamen conserva los Q300 mil de la contratación simplificada, los Q2 millones de la cotización y la facultad de Finanzas para revisar ambos límites. La urgencia nacional dependerá de una decisión posterior del pleno.





