La directora ejecutiva del Consejo, Mónica Violeta Morataya Aroche, reconoció que los diputados sí pueden ingresar a edificios públicos, pero afirmó que Chic irrumpió en una sesión y exigió información fuera de los plazos legales. La institución no detalló qué bien habría sido sustraído.
El Conader denunció penalmente al diputado José Alberto Chic por allanamiento ilegal, hurto de uso, difamación y abuso de autoridad, tras su irrupción en una sesión del Consejo el viernes 4 de septiembre de 2026. Así, la entidad fiscalizada llevó a la vía penal al diputado que revisa su presupuesto.
Qué ocurrió: el Conader responde al diputado Chic con cinco delitos y una acusación personal
El Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (Conader) difundió un mensaje audiovisual para dar su versión de lo sucedido la mañana del viernes 4 de septiembre de 2026 en su sede, en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.
Quien habla es Mónica Violeta Morataya Aroche, directora ejecutiva del Conader desde marzo de 2024.
Según su relato, cuando el diputado llegó se le permitió el ingreso en todo momento, se le informó que ella estaba en sesión del Consejo y se le ofreció atenderlo en su oficina.
“No obstante, es el caso que de forma arbitraria, prepotente y abuso de autoridad, el diputado se trasladó hasta la sala de sesiones acompañado de dos personas que no se identificaron”, afirmó.
La funcionaria sostuvo que el legislador interrumpió una exposición en curso, se sentó en la mesa de sesiones y exigió información inmediata “sin respetar los parámetros y plazos establecidos por la ley”, “llegando incluso a hostigar”.
El Conader informó que presentó denuncia penal por abuso de autoridad con propósito electoral, abuso de autoridad, allanamiento ilegal, hurto de uso y difamación. Morataya añadió que, a título personal, denunció al diputado por violencia psicológica.
Hasta el cierre de esta nota no se conocía públicamente el número de expediente ni la sede judicial o fiscal donde quedó registrada la denuncia. La presentación es afirmada por la propia institución.
Lo más controversial de las declaraciones: reconoce la facultad de fiscalizar y a la vez denuncia allanamiento
El punto jurídicamente más delicado del mensaje está en una sola frase, donde la institución admite el derecho y lo limita en la misma oración.
“Reconocemos expresamente que los diputados tienen la facultad de ingresar a las dependencias y edificios públicos”, dijo Morataya, para luego añadir: “Ser dignatario de la nación no es sinónimo de interrumpir y perturbar las sesiones que el Consejo del Conader lleva a cabo en cumplimiento de la ley, ni apropiarse, manipular o sustraer bienes de la entidad”.
Ahí surge la primera tensión: si el ingreso fue permitido y la facultad está reconocida, el delito de allanamiento ilegal exige explicar cuándo el acceso autorizado se convirtió en ingreso ilícito. El comunicado no lo precisa.
La segunda es el hurto de uso. La frase sobre “sustraer bienes” y ese delito apuntan a que algo habría sido tomado, pero el Conader no especificó qué objeto, documento o equipo, ni si fue devuelto.
La tercera es la acusación por violencia psicológica presentada por la directora a título personal. Esa figura está tipificada en el Decreto 22-2008, Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. El Conader no detalló la norma que invoca ni los hechos concretos que sustentan ese señalamiento.
Una negación que abre preguntas
El mensaje niega hechos que no figuran en denuncias públicas acreditadas: “En ningún momento hubo actos de discriminación. Golpes, ataques ni intentos de causar daños”.
También asegura que “ningún miembro del Consejo agredió ni impidió el ingreso del diputado”.
Esa afirmación es relevante porque el presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), Gerardo René Aguirre Oestmann, es vocal del Conader, y en el video difundido por el propio diputado se le escucha exigirle a gritos que se retirara: “Este señor no tiene nada que estar haciendo aquí, ni usted tampoco. Váyase de aquí”.
El comunicado del Conader no menciona a Aguirre ni ese episodio. Es la omisión más notoria del mensaje: el hecho que circuló masivamente en redes quedó fuera de la versión institucional.
Quiénes están involucrados
José Alberto Chic Cardona, diputado por el Distrito Central del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) y presidente de la Comisión de Deportes del Congreso, encabeza desde mediados de 2026 las citaciones a las entidades deportivas.
Mónica Violeta Morataya Aroche, directora ejecutiva del Conader, es la voz institucional de la respuesta.
Gerardo René Aguirre Oestmann, presidente del COG y vocal del Conader, protagonizó el intercambio grabado.
El Conader es el órgano coordinador interinstitucional creado por el Decreto 76-97, e integra al Ministerio de Cultura y Deportes, a la Dirección General de Educación Física (Digef) del Ministerio de Educación, a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y al COG.
Ese detalle explica la escena: en esa mesa se sientan, a la vez, el fiscalizador y varios de los fiscalizados.
Por qué es importante: una institución pública denuncia a quien revisa su presupuesto
El fondo del asunto no es un pleito de tono. Es un choque entre la facultad de fiscalización del Organismo Legislativo sobre fondos públicos y las reglas de acceso a las sesiones de un órgano colegiado.
Al calificar la actuación como “abuso de autoridad con propósito electoral” y al señalar al partido VOS de buscar “con fines políticos y electorales perjudicar el sistema nacional de cultura física”, el Conader adoptó el mismo eje argumental que el COG usa desde agosto: que el problema no es la fiscalización, sino su forma y su difusión en redes.
El Conader tampoco presentó públicamente evidencia de ese propósito electoral.
Y hay un detalle de peso institucional: la entidad pidió a las autoridades “que vigilen el comportamiento irregular de funcionarios públicos”. Es decir, el ente sujeto a control pide que se vigile a su controlador.
Por qué buena parte de la conversación en redes respalda al diputado
Aquí conviene ser preciso: no existe encuesta ni medición que permita afirmar que la población respalda a Chic. Lo que sí es verificable es la reacción observable en redes sociales.
En las publicaciones de medios guatemaltecos sobre el episodio, los comentarios más visibles favorecen al legislador, con mensajes de felicitación y críticas al presidente del COG. También hay comentarios que reprochan al diputado haber ingresado sin protocolo a una reunión ajena.
Tres factores explican esa inclinación, y los tres son documentables:
Primero, existe video. El registro del grito circuló antes que cualquier comunicado, y fija la primera impresión.
Segundo, el orden de las denuncias. Las acciones legales llegaron después de las citaciones sobre ejecución presupuestaria, no antes, lo que alimenta la lectura de represalia. El propio Chic sostiene que la denuncia del COG le fue notificada un día antes de una nueva citación.
Tercero, el historial del deporte federado. El COG estuvo suspendido por el Comité Olímpico Internacional entre 2022 y marzo de 2024, cuando la sanción fue levantada provisionalmente para París 2024. Ese antecedente de conflictos de gobernanza pesa en la percepción pública.
A ello se suma el ánimo general frente al uso de recursos públicos y los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas.
Antecedentes y contexto
Desde junio de 2026, la Comisión de Deportes citó al COG, la CDAG y la Digef para revisar el gasto de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos 2025, celebrados en Guatemala.
Chic ha cuestionado el mecanismo de subvenciones con el que se trasladaron fondos a comités olímpicos de otros países y afirma que parte de esos recursos llegó a seis cuentas bancarias en el extranjero. Sostiene además que más de Q20 millones no han podido ser explicados. Son señalamientos del diputado, no conclusiones de auditoría publicadas.
El 11 de agosto de 2026, el COG presentó acciones ante la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral contra Chic por simulación de delito, amenazas, calumnia, injuria, difamación, resistencia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, más presunta campaña electoral anticipada. Días después amplió la denuncia ante el TSE por presunta propaganda ilegal.
El detonante fueron frases del diputado durante una citación transmitida en vivo, entre ellas: “No están dando cuentas de la ejecución presupuestaria. Dígale al gerente que se deje de huevear el pisto entonces”.
El diputado ha respondido que el derecho penal es personalísimo y que el gerente del COG, Gerardo Estrada Mayorga, denunció hechos que no sufrió.
El episodio del 4 de septiembre está documentado en la nota sobre el momento en que el presidente del COG le exigió a gritos al diputado Chic que abandonara la reunión del Conader.
Qué se sabe hasta ahora
El incidente ocurrió el 4 de septiembre de 2026 en la sede del Conader; existe video difundido por el diputado; Aguirre le exigió salir en voz alta; Chic abandonó la sala; VOS emitió un comunicado exigiendo la renuncia de Aguirre; el Conader difundió su versión con la voz de su directora ejecutiva.
Versión institucional del Conader, no verificada de forma independiente: que hubo hostigamiento, que la información se exigió fuera de plazos legales, que se presentó la denuncia penal por cinco delitos y una acusación personal por violencia psicológica.
Versión de parte de VOS, sin denuncia acreditada públicamente: el supuesto intento de agresión contra mujeres que acompañaban al diputado.
Lo que viene para después
Quedan tres procesos abiertos en paralelo: la denuncia del COG contra Chic ante la CSJ y el TSE, la nueva denuncia anunciada por el Conader y las acciones legales que VOS dijo que promoverá contra Aguirre.
El Conader afirmó que continuará “atendiendo y facilitando los procesos de fiscalización dentro del marco de ley”.
Chic ha dicho que no detendrá las citaciones hasta obtener el detalle de la ejecución presupuestaria.
El siguiente hecho verificable no será un comunicado, sino un expediente: la constancia de la denuncia del Conader y la resolución del Ministerio Público o del tribunal sobre su admisión. Ese documento definirá si el reclamo institucional tiene sustento penal o si el conflicto seguirá dirimiéndose en video. La próxima citación de la Comisión de Deportes marcará si la fiscalización avanza o queda entrampada en denuncias cruzadas.
