Un mes después del incendio donde fallecieron 40 migrantes en Ciudad Juárez, investigación avanza lentamente

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Hace un mes ocurrió un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, México, que mató a 40 migrantes, entre los que se encuentran 19 guatemaltecos.

Desde el pasado 27 de marzo, considerada una de las peores tragedias migratorias, la investigación ha avanzado lentamente y ha habido un mayor escrutinio sobre la política migratoria de México.

Esta semana, la Fiscalía General de la República del vecino país, presentó cargos contra el director del INM, Francisco Garduño, acusándolo de no cumplir sus obligaciones de proteger a las personas e instalaciones a su cargo.

Varios funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) también están involucrados en el proceso judicial, incluyendo el jefe de la institución en Chihuahua, quien está en prisión preventiva.

Después del incidente, el INM recibió críticas por su manejo de la crisis migratoria y la condición en la que retiene a los migrantes en centros como el que sufrió la tragedia.

Futuro incierto para el INM

El sacerdote Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de los migrantes y cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, ha insistido en una modificación de la política migratoria de México que conllevarían a la desaparición del INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

El embajador de Guatemala en México reclamó al Gobierno mexicano una reparación por los connacionales muertos y los nueve que resultaron hospitalizados. El Gobierno de El Salvador consideró los hechos como “un crimen de Estado” y dijo que el Gobierno de México cometió “una masacre”.

Los migrantes fallecidos fueron repatriados a sus países de origen y el secretario de Gobernación mexicano garantizó que repararían a las familias de los fallecidos y a quienes resultaron heridos.

Aunque en los días posteriores al suceso el Gobierno mexicano informó exhaustivamente sobre las pesquisas, ahora ha dejado de hacerlo y los miembros del Ejecutivo apenas se han pronunciado al respecto, tan solo para defender que Garduño se mantenga en el cargo pese a la investigación abierta en su contra.

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