La prolongada protesta del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) ha llegado a un punto de inflexión legal. La Procuraduría General de la Nación (PGN) fue notificada este viernes 27 de junio de una resolución judicial que escala drásticamente las consecuencias para los dirigentes sindicales: un juez ha ordenado certificar lo conducente en contra del sindicato y remitir el caso al Ministerio Público (MP).
La Orden: De la Desobediencia a la Vía Penal
La notificación, emitida por el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, es una respuesta directa al incumplimiento del STEG de levantar la suspensión de clases. En términos prácticos, “certificar lo conducente” significa que el juzgado enviará todo el expediente al Ministerio Público para que este inicie una investigación penal contra los responsables.
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La medida apunta directamente al Comité Ejecutivo Nacional del STEG, así como a sus dirigentes seccionales y subseccionales, por la posible comisión del delito de desobediencia.
Golpe al Bolsillo: Multas para los Dirigentes
Además de la vía penal, la resolución judicial abre la puerta a sanciones económicas. La PGN informó que, como parte del proceso, ya solicitó al Ministerio de Educación (Mineduc) un listado con los nombres exactos de todos los integrantes del Comité Ejecutivo y demás dirigentes del STEG.
El propósito de esta lista es claro: imponer una multa individual a cada uno de los dirigentes por el incumplimiento de la sentencia dictada el pasado 26 de junio. Según explicó la PGN, esta multa puede oscilar entre Q100 y Q4,000 por cada integrante del sindicato que ocupe un cargo directivo.
Contexto: Un Paro que no Cede ante Amparos
Este endurecimiento de las medidas judiciales se produce después de que los maestros afiliados al sindicato de Joviel Acevedo mantengan un paro de labores desde finales de mayo. La protesta ha mantenido cerradas varias escuelas en todo el país y un grupo de docentes acampa en la Plaza de la Constitución.
La PGN ya había obtenido al menos tres amparos provisionales previos, los cuales fueron desatendidos por los manifestantes. La gota que derramó el vaso fue el incumplimiento de la orden del 24 de junio, cuando el mismo juzgado otorgó un plazo de 48 horas al STEG para cesar las medidas de hecho, con la advertencia de que, en caso contrario, se procedería con la denuncia al MP y las sanciones económicas.
Con el plazo vencido y la protesta en pie, la justicia ha cumplido su advertencia, llevando el conflicto del plano laboral y administrativo al terreno penal.
