La exvicepresidenta compareció por videoconferencia ante el Juzgado de Extinción de Dominio: entre los bienes en disputa figuran cuentas por más de Q6 millones 100 mil y una embarcación valorada en Q245 mil.
El Ministerio Público presentó 290 medios de prueba para que 11 bienes vinculados con la exvicepresidenta Roxana Baldetti pasen a favor del Estado. La exfuncionaria compareció por videoconferencia este viernes 18 de septiembre de 2026 ante el Juzgado de Extinción de Dominio, en la Ciudad de Guatemala.
Qué pidió el Ministerio Público en la audiencia
La Fiscalía solicitó al juzgador declarar la extinción de dominio de dos vehículos, dos inmuebles y varias cuentas bancarias, un paquete que en total suma 11 bienes vinculados con la exvicepresidenta.
Según los datos expuestos en la audiencia, las cuentas en moneda nacional equivalen a Q6 millones 100 mil 531 y las cuentas en dólares a US$80 mil 824.
De los inmuebles, uno se ubica en el Puerto de San José, Escuintla, y el otro en la zona 5 de la capital. En cuanto a los vehículos, se trata de una camioneta y una embarcación cuyo valor estimado es de Q245 mil.
Quiénes intervienen en el proceso
El caso está a cargo del juez Jaime Delmar González, titular del Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio.
Del otro lado comparecen la Fiscalía de Extinción de Dominio del MP, el abogado defensor de Baldetti y la Procuraduría General de la Nación (PGN), que representa los intereses patrimoniales del Estado.
Baldetti, primera mujer en ocupar la Vicepresidencia de Guatemala (2012-2015) junto al expresidente Otto Pérez Molina, participó a distancia. Actualmente goza de medidas sustitutivas que le permiten enfrentar sus procesos fuera de prisión.
Cómo se habrían adquirido los bienes
La investigación señala que los bienes habrían sido adquiridos de manera anómala mediante la constitución de empresas de cartón registradas en San Miguel Petapa y en la calzada Atanasio Tzul, zona 12 de la capital.
De acuerdo con las pesquisas, esas sociedades aparecían constituidas en dichas direcciones, pero no registraban movimientos de operaciones ni personal laborando en ellas.
Se trata de señalamientos de la Fiscalía dentro de un proceso en curso. La extinción de dominio no determina responsabilidad penal y, hasta que el juez resuelva, los argumentos del MP son planteamientos sujetos a contradicción por la defensa.
Por qué importa este proceso
La extinción de dominio es la vía por la que el Estado puede recuperar bienes cuyo origen lícito no se acredita. Es un proceso autónomo del penal: avanza en paralelo y no exige una condena previa.
En términos prácticos, lo que está en juego es si más de Q6 millones en cuentas, dos propiedades y dos vehículos ingresan definitivamente al patrimonio público o regresan a manos de la exfuncionaria.
Para el MP, el caso también mide su capacidad de cerrar expedientes patrimoniales que llevan más de una década abiertos: las cuentas fueron inmovilizadas en 2015, tras la caída del gobierno del Partido Patriota.
Antecedentes: una década de bienes inmovilizados
El expediente no es nuevo. El 5 de noviembre de 2024, el mismo juzgado rechazó la petición de la defensa para levantar el embargo de cuentas bancarias y un fondo de retiro, y concedió al MP seis meses más de investigación.
El 20 de mayo de 2025, durante una audiencia a puerta cerrada, el juez González amplió por tres meses el plazo de investigación sobre los 11 bienes vinculados a la exvicepresidenta. Esa fue la última ocasión en que Baldetti acudió personalmente a la Torre de Tribunales.
No es el primer proceso patrimonial en su contra. En febrero de 2021, la Fiscalía Especial contra la Impunidad informó que, derivado del caso Lago de Amatitlán, se logró la extinción de una bodega en la zona 5 valorada en unos Q2.8 millones y de equipo de mecánica estimado en Q1.1 millones.
En el plano penal, Baldetti fue condenada en 2018 a 15 años y seis meses de prisión por el caso del llamado “agua mágica”, una sentencia que la Sala Segunda de Mayor Riesgo confirmó en enero de 2024. También fue hallada culpable junto a Pérez Molina en el caso La Línea, proceso que terminó en diciembre de 2022 con condenas de 16 años de prisión y en el que la PGN reclamó Q73.2 millones en reparación.
