El Gobierno ofrecerá disculpas institucionales a los dos repartidores, según el presidente, mientras siete policías enfrentan cargos formales.
El presidente Bernardo Arévalo afirmó este martes 27 de octubre de 2026, durante La Ronda en el Palacio Nacional, que agentes de la PNC implantaron un arma a los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz. Ambos fueron detenidos como sospechosos del crimen de Solórzano Foppa.
Qué dijo el presidente
Arévalo describió el procedimiento como un montaje policial para incriminar a dos repartidores de entregas a domicilio. Dijo: “Lamentamos profundamente el hecho de que hayan sido víctimas de lo que, pues a todas luces es, es una implantación de un arma”. También celebró que un juzgado dictara falta de mérito a favor de ambos en menos de 24 horas.
Sobre la reparación, precisó que el Gobierno otorgará disculpas institucionales conforme a los mecanismos que fija la ley guatemalteca. La fuente no detalla fecha ni forma de esas disculpas.
Quiénes están involucrados
Los hermanos Choc Toz fueron capturados el día del ataque y liberados después. El Ministerio Público acusa formalmente a siete policías de la Comisaría 13: un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes. En el expediente judicial aparecen con iniciales (Erick S., Luis R., Juan R., Julio B., Manuel C., Uber C. y Bryan D.), y todos gozan de presunción de inocencia. La causa la tramita el juez Julio César Vásquez Xol en la Torre de Tribunales.
En el Gobierno, el presidente confirmó la salida del director general de la PNC, David Custodio Boteo, y del subdirector de Operaciones, Esvin Jacinto Quiché. Arévalo ratificó su respaldo al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y dijo que la Inspectoría General asumirá la tarea de contener cualquier intento de penetración del crimen organizado en la corporación.
Qué encontró la investigación
Según el Ministerio Público, los agentes quebrantaron los protocolos de custodia. Trasladaron a los hermanos en la autopatrulla GUA 13190 hacia una subestación policial y realizaron transbordos no autorizados, en lugar de llevarlos directamente a la sede judicial. Quiché reconoció ante diputados del Congreso que esos desvíos rompieron la línea de mando.
Los policías afirmaron que los repartidores llevaban un fusil de asalto, municiones y un chaleco balístico. Sin embargo, según las pericias judiciales, esos elementos fueron colocados en la mochila de repartos.
Qué pasó el 17 de octubre
El doble crimen ocurrió la mañana del sábado 17 de octubre en las instalaciones deportivas del Campo Marte, en la zona 5 de la capital. Individuos armados dispararon contra el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, de 43 años, exfuncionario del Ministerio Público y exsuperintendente de la SAT. También murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 52 años, miembro de la Federación de Judo.
La policía arrestó a los hermanos Choc Toz minutos después sobre el bulevar San Isidro, en la zona 16, pero la falta de vínculos con el ataque obligó a ordenar su libertad. Las pesquisas para identificar a los autores materiales e intelectuales continúan bajo reserva.
Por qué es importante
Es poco común que un presidente reconozca públicamente un procedimiento policial de este tipo, y eso eleva la presión sobre la institución. El caso también llega después de otro momento tenso para la PNC: en enero, la policía fue blanco de ataques simultáneos en varias regiones tras una operación en el penal Renovación I.
Las diferentes versiones
Hay una contradicción: la versión policial sostiene que los repartidores portaban el fusil, mientras que las pericias judiciales indican que fue colocado. La responsabilidad penal de los agentes aún no está resuelta, y los autores del asesinato de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro no han sido identificados públicamente.
Lo que hay que vigilar: cuándo el Estado presenta las disculpas y qué decide el juez sobre los siete agentes. Lo confirmado hoy es que el Gobierno reconoce la implantación, pero todavía no hay culpables firmes por el doble crimen.
