El tribunal regional funcionó 31 años en Managua, dictó más de un centenar de resoluciones y llegó a frenar una reforma constitucional en Nicaragua. Guatemala ratificó su Estatuto en 2008, pero jamás lo integró en la práctica. Este 21 de agosto de 2026 formalizó su salida de un órgano que ya estaba muerto.
Guatemala declaró el 21 de agosto de 2026 la imposibilidad de cumplir el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, el tribunal del SICA que dejó de operar el 20 de mayo tras el retiro de Nicaragua, Honduras y El Salvador. Existió 31 años.
Qué ocurrió exactamente y cuándo
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) publicó este viernes 21 de agosto de 2026 una declaración en la que Guatemala reconoce “la extinción del instrumento constitutivo y la desaparición de la Corte Centroamericana de Justicia”.
La decisión está contenida en el Acuerdo Gubernativo 115-2026, firmado el 3 de julio de 2026 por el presidente Bernardo Arévalo de León y la viceministra de Relaciones Exteriores encargada del despacho, María Luisa Ramírez Coronado. El fundamento jurídico es el artículo 61 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que regula la imposibilidad subsiguiente de cumplimiento.
La comunicación formal a la Secretaría General del SICA, en su calidad de depositaria del Estatuto, lleva fecha del 13 de julio de 2026 y fue recibida el 15 de julio, según el sello de recepción del documento.
Es decir: el cierre de la Corte no ocurrió hoy. La declaración guatemalteca es el último trámite administrativo de un proceso que terminó hace tres meses.
La secuencia de los retiros
Nicaragua denunció el Estatuto el 18 de marzo de 2025. Honduras lo hizo el 30 de abril de 2026 y El Salvador el 20 de mayo de 2026, según la versión oficial guatemalteca. Con esa última denuncia, el tribunal se quedó sin Estados parte que lo integraran.
Existe una discrepancia en las fuentes oficiales: la Cancillería de Honduras, en su comunicado del 27 de mayo de 2026, fechó su propia denuncia el 29 de abril, un día antes de lo que consigna el documento guatemalteco. Ninguno de los dos gobiernos ha aclarado el desfase.
Para qué servía la Corte Centroamericana de Justicia
Aquí está la pregunta que casi nadie se hizo mientras el tribunal funcionaba.
La CCJ era el órgano judicial principal y permanente del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Su Estatuto se firmó en Panamá el 12 de diciembre de 1992 y su sede se instaló en Managua el 12 de octubre de 1994, en un edificio donado por el Gobierno de Nicaragua.
Tenía tres funciones básicas. Interpretar y aplicar los tratados de la integración centroamericana. Dirimir controversias entre Estados miembros del sistema. Y emitir opiniones consultivas a petición de los órganos del SICA o de los propios Estados.
Pero su competencia más singular, y la más polémica, estaba en el literal f) del artículo 22 de su Estatuto: conocer y resolver conflictos entre los poderes u órganos fundamentales de un mismo Estado, y los casos en que no se respetaran fallos judiciales internos.
Eso significa que un tribunal regional con sede en Managua podía, en teoría, meterse a resolver un pleito entre el Congreso y el Ejecutivo de cualquier país miembro. Y también que un ciudadano particular podía demandar directamente a su propio Estado ante la Corte cuando este se negara a cumplir una sentencia firme.
El ciudadano común nunca supo que existía
Ese acceso directo del particular, lo que en derecho internacional se llama ius standi, era la puerta más útil que la Corte ofrecía a una persona corriente. Y prácticamente nadie la usó, porque prácticamente nadie sabía que estaba abierta.
La CCJ no tuvo oficinas fuera de Managua, no desarrolló una política de divulgación pública y su jurisprudencia circuló casi exclusivamente en círculos académicos y de derecho internacional. En Guatemala, el desconocimiento fue total por una razón adicional: el país nunca la integró.
El caso en que la Corte sí pesó
La CCJ no fue un tribunal decorativo en todos sus años. Dictó 110 resoluciones en sus primeros 16 años de funcionamiento: 69 contenciosas y 41 consultivas, según un recuento publicado por el diario guatemalteco La Hora.
Su intervención más consecuente ocurrió en Nicaragua, en 2005, durante la crisis institucional entre el presidente Enrique Bolaños y la Asamblea Nacional controlada por el pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán.
La Asamblea había aprobado reformas constitucionales que trasladaban poderes del Ejecutivo al Legislativo. Bolaños demandó a la Asamblea ante la CCJ. El 29 de marzo de 2005, la Corte declaró con lugar la demanda y resolvió que esas reformas “violentan el Derecho Público y el Estado de Derecho en Nicaragua”. El fallo fue publicado en La Gaceta y ejecutado mediante decreto presidencial en junio de ese año.
Fue el momento en que un tribunal centroamericano frenó una reforma constitucional nacional. También fue el momento en que quedó claro lo incómodo de esa facultad.
Por eso también fue cuestionada
En octubre de 2013, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador resolvió que la CCJ no tenía facultad para dirimir conflictos entre órganos del Estado salvadoreño, anulando internamente ese literal f).
Años después, la Corte fue señalada de funcionar como instrumento político. En 2021, organizaciones de investigación periodística documentaron cómo el gobierno de Daniel Ortega recurrió a la CCJ para presionar en la disputa por la Secretaría General del SICA, mediante una “opinión consultiva con carácter obligatorio” que un magistrado salvadoreño votó en contra y que especialistas en integración regional consideraron improcedente.
Cuando Nicaragua se retiró en marzo de 2025, lo hizo tras ver bloqueada su pretensión de presidir el SICA.
El caso guatemalteco: firmó, ratificó y nunca llegó
Guatemala firmó el Estatuto en 1992. El Congreso lo aprobó mediante el Decreto 78-2007 del 13 de diciembre de 2007, el presidente lo ratificó el 30 de enero de 2008 y el instrumento se depositó ante la Secretaría General del SICA el 20 de febrero de 2008, fecha en que entró en vigor para el país.
Hasta ahí, el trámite completo. Después, nada.
Ese mismo año, en julio de 2008, el Congreso aprobó de urgencia nacional el Decreto 36-2008 para derogar la fuente que financiaba la representación de Guatemala ante la CCJ, en medio de una disputa sobre cómo la Corte Suprema de Justicia iba a designar a los magistrados guatemaltecos. El resultado práctico es que la Corte operó hasta su cierre únicamente con magistrados de Nicaragua, Honduras y El Salvador.
Esa es la paradoja del cierre: Guatemala fue Estado parte del Estatuto durante 18 años, quedó jurídicamente obligada por él, y hoy tuvo que emitir un acuerdo gubernativo para desligarse de un tribunal en el que nunca sentó a un juez.
Qué implica que ya no exista
En lo inmediato, poco para el ciudadano guatemalteco, precisamente porque el acceso nunca fue real.
En lo institucional, sí importa: el SICA se queda sin órgano jurisdiccional. La integración centroamericana mantiene su Secretaría General, su Parlamento Centroamericano y sus mecanismos económicos, pero pierde el tribunal encargado de interpretar sus tratados y de resolver disputas entre Estados miembros.
Para el gobierno de Honduras, el cierre también tuvo lectura fiscal: al anunciar su retiro, informó que la salida le permitiría ahorrar más de 720,000 dólares anuales que destinaría a “prioridades ciudadanas”.
Guatemala aseguró que mantendrá su participación en la integración regional a través del SICA y reafirmó su compromiso con la buena fe, la cooperación entre Estados y “la consolidación de mecanismos institucionales eficaces para la solución pacífica de controversias”. No especificó cuál sería el mecanismo que sustituya a la Corte.
Quedan pendientes cuestiones prácticas sin respuesta pública: el destino de los expedientes y el archivo jurisprudencial de la Corte, la situación de los casos que estaban en trámite al 20 de mayo de 2026, la liquidación de su patrimonio y la vigencia del Acuerdo de Sede firmado con Nicaragua en diciembre de 1994.
Tampoco se ha planteado en el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA si se creará un mecanismo sustituto de solución de controversias, ni bajo qué figura.
El dato a vigilar es si la próxima Reunión de Presidentes del SICA aborda la creación de un mecanismo que asuma las funciones que quedaron vacantes, y qué se hace con los expedientes que la Corte dejó en Managua. Un bloque de integración sin instancia para resolver sus propias disputas depende, a partir de ahora, únicamente de la voluntad política de sus gobiernos.
