Peligro procesal de obstaculización a la averiguación de la verdad por el cual se encontraba en prisión preventiva el sindicado (Otto Pérez); además, hizo caso omiso a los requisitos que deben darse para que proceda la revisión de la medida de coerción, por lo que incurrió en falta de fundamentación, violando lo establecido en el artículo 11 Bis del cuerpo normativo mencionado…”, dice el argumento de la FECI.
La resolución
Sin embargo, la CC no tomó en cuenta los argumentos de la fiscal y decidió no conceder la apelación. Eso implica que la decisión del Tribunal queda firme y el exmandatario puede continuar en libertad.
Los magistrados justificaron que él ya no era presidente de la República, y por esa razón ya no existía peligro de obstaculizar la investigación cuando se le otorgó el arresto domiciliario.
“Las circunstancias primitivas que sustentaron la medida de coerción ya no existían por el transcurso del tiempo, al descartar la posibilidad de que el procesado tuviera algún tipo de influencia derivada de su anterior cargo como Presidente de la República [conforme a lo regulado en el artículo 277 del Código Procesal Penal]; ii) en la existencia de criterio convencional que prima por la libertad de las personas, apoyado en lo dispuesto en sentencias que citó de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativas a la obligación de revisar periódicamente si subsistían las condiciones que ameritaron la aplicación de la prisión preventiva, atendiendo a los principios de necesidad y proporcionalidad, en aplicación de un sentido extensivo pro tutela de derechos constitucionales”, argumentaron.
La resolución fue firmada por los magistrados Néster Vásquez, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Juan José Samayoa Villatoro.
Expresidente goza de libertad
El pasado 4 de enero se conoció que Pérez Molina, señalado por dos casos de corrupción, había quedado en libertad una noche antes. Y que el expresidente pagó Q10.3 millones que se le impuso como obligación para poder gozar de medidas sustitutivas por el caso La Línea y Cooptación del Estado, en ambos procesos con condenas por corrupción.
En el proceso La Línea, Pérez había sido beneficiado, desde el año 2021, con las medidas sustitutivas, pero no había podido salir de la cárcel porque indicó que no contaba con el dinero para pagar la fianza millonaria que en ese momento era de Q13 millones. Mientras que en el segundo expediente él aceptó su culpabilidad y, no sólo se le impuso una pena mínima, sino que solo debía pagar Q300 mil como caución económica.
El expresidente estuvo detenido en la Brigada Mariscal Zavala desde septiembre de 2015, tras renunciar a su cargo como gobernante luego de las acusaciones de dirigir una estructura de defraudación tributaria y de corrupción junto con funcionarios de su gobierno.
Dos condenas
En diciembre de 2022, el Tribunal de Mayor Riesgo “B” determinó que el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti dirigieron La Línea, una red de defraudación que operaba en las tres principales aduanas del país y que habría provocado que el Estado perdiera al menos Q28 millones en impuestos en el tiempo en que fue detectada, de marzo 2014 a abril 2015.
El exbinomio presidencial del extinto Partido Patriota fue condenado a 16 años en la cárcel y a pagar una multa de Q8.7 millones. Ambos fueron encontrados culpables de los delitos de casos especiales de defraudación aduanera y asociación ilícita.
Mientras que, en octubre de 2023, Pérez Molina fue condenado a 8 años de prisión, tras declararse culpable en el caso Cooptación del Estado. El exgobernante pidió un procedimiento de aceptación de cargos y se declaró culpable de los delitos de fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero.
Según la investigación del MP y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue parte de una red que operó como una maquinaria de lavado de activos y cobro de sobornos para captar fondos para la campaña electoral del Partido Patriota en 2011.
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