En una conferencia de prensa celebrada en el Salón de Banquetes del Palacio Nacional de la Cultura, con un atraso de mas de 30 minutos después de lo programado, el presidente Bernardo Arévalo denunció con firmeza lo que calificó como una crisis profunda en el sistema de justicia guatemalteco. Durante su intervención, el mandatario condenó la actuación del Ministerio Público (MP), al que acusó de llevar a cabo acciones arbitrarias y de estar cooptado por intereses oscuros.
Denuncia de Arbitrariedades y Persecución
El presidente inició su discurso haciendo referencia a un allanamiento realizado en la propiedad del exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado. Según Arévalo, agentes del Ministerio Público sustrajeron ilegalmente documentos personales, incluyendo el pasaporte del exfuncionario, a quien expresó su respaldo total. “Rechazamos las acciones de allanamiento como un hecho deleznable”, afirmó, calificando la retención de documentos como una violación a los derechos fundamentales.
Arévalo también resaltó otros casos emblemáticos, como la detención de la directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, y la persecución del periodista José Rubén Zamora, hechos que considera reflejo de un patrón de abuso y criminalización contra quienes actúan con independencia de pensamiento. “Nuestra democracia es una amenaza para ellos, y quieren destruirla, cueste lo que cueste”, advirtió.
Acciones Inmediatas del Ejecutivo
Ante esta situación, el presidente anunció dos medidas concretas:
- Garantizar la legalidad en el uso de la fuerza pública: La Policía Nacional Civil (PNC) no ejecutará órdenes emitidas por el Ministerio Público si estas no cumplen estrictamente con la Constitución y la ley. Arévalo indicó que se establecerá un procedimiento para validar la legitimidad de dichas órdenes.
- Citación a la Fiscal General: El mandatario informó que convocará con carácter urgente a la Fiscal General, Consuelo Porras, para que rinda cuentas sobre su participación en la crisis del sistema de justicia. Esta citación incluirá cuestionamientos sobre la persecución a periodistas y las reiteradas denuncias internacionales de abuso de poder por parte del MP.
Cuestionamientos sobre su gestión
En respuesta a cuestionamientos sobre su gestión en el Ministerio de Comunicaciones, el presidente reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad en el manejo de los recursos públicos. Reconoció que hubo desacuerdos con el exministro Alvarado respecto a los procedimientos, pero aseguró que estos siempre giraron en torno a garantizar el buen uso del presupuesto.
Durante la ronda de preguntas, periodistas cuestionaron la efectividad de las medidas anunciadas y la posibilidad de que la Fiscal General ignore la citación presidencial. Arévalo respondió, indicando que se apegará al marco legal para garantizar la rendición de cuentas. “Nuestro gobierno no actuará fuera de la ley ni de la Constitución”, reiteró.
Asimismo, fue consultado sobre la posibilidad de coexistir con un Ministerio Público cuestionado hasta el final de su mandato en 2026. “Haremos todas las gestiones necesarias dentro del marco legal para lograr un cambio”, aseguró, enfatizando su compromiso con la defensa del Estado de Derecho.
Crisis en Comunicaciones: Designación de Nuevas Autoridades
Otro tema clave durante la conferencia fue el nombramiento de un nuevo titular en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), tras la salida de Félix Alvarado. Arévalo aseguró que se está evaluando a los candidatos con criterios de competencia y honradez. Aunque algunos nombres han circulado en la prensa, como el del viceministro José Fernando Suriano, el presidente prefirió no confirmar ni descartar ninguna opción.
“Queremos garantizar una gestión eficiente y transparente en el manejo de los recursos públicos. La reconstrucción del sistema aeroportuario es un ejemplo de lo que estamos logrando, y vamos a seguir apoyando esas gestiones”, afirmó.
La Declaración del Presidente y su Aparente Contradicción con la Ley
las medidas anunciadas por el presidente para enfrentar esta crisis han provocado cuestionamientos, ya que parecen contradecir disposiciones legales clave.
Entre las principales decisiones del presidente se incluyen:
- La implementación de un procedimiento para verificar la legalidad de las órdenes judiciales antes de que la Policía Nacional Civil (PNC) las ejecute.
- La citación urgente a la Fiscal General Consuelo Porras para rendir cuentas sobre su rol en lo que el presidente considera un uso indebido del sistema judicial.
Estas decisiones buscan, según el mandatario, garantizar que las acciones de las fuerzas de seguridad estén en estricta conformidad con la Constitución y las leyes. Sin embargo, los anuncios han generado controversia en relación con las atribuciones legales de las instituciones del Estado.
Las Contradicciones con la Legislación Vigente
Dos artículos clave de la legislación guatemalteca parecen contradecir el enfoque propuesto por el Presidente Arévalo:
- Artículo 51 (Dependencia y Supervisión): Establece que las fuerzas de seguridad están obligadas a cumplir las órdenes que emanen de los fiscales del Ministerio Público y a rendir cuentas de las investigaciones realizadas.La decisión presidencial de implementar un procedimiento para “verificar la legalidad” de las órdenes podría interpretarse como un cuestionamiento a esta obligación, poniendo en duda la subordinación de la PNC al MP.
- Artículo 3 (Autonomía): Declara que el Ministerio Público actuará independientemente, sin subordinación a ninguno de los organismos del Estado ni autoridad alguna, salvo lo establecido en la ley.La citación de la Fiscal General podría ser vista como una interferencia en la autonomía del MP, dado que este órgano no está legalmente subordinado a la Presidencia.
Debate Jurídico y Político
La respuesta del Presidente, aunque enmarcada en su preocupación por la justicia, ha llevado a muchos a cuestionar si su estrategia es viable dentro de los límites de la ley. Analistas señalan que cualquier intento por limitar o condicionar el accionar del MP o la PNC puede abrir un debate constitucional sobre la separación de poderes y la autonomía institucional.
