Este viernes 30 de octubre se desarrollan alrededor de 16 allanamientos en distintos puntos del país, como parte de las investigaciones por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ocurrido hace 13 días en el Campo Marte, en la ciudad capital.
De manera preliminar, se reportan capturas como resultado de las diligencias realizadas por el Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC). Las autoridades buscan recabar indicios que permitan avanzar en el esclarecimiento del doble crimen y establecer posibles responsabilidades.
Los operativos se llevan a cabo en sectores de las zonas 6 y 15 de la ciudad de Guatemala, zonas 1 y 5 de Mixco, Amatitlán y Quetzaltenango, entre otros puntos del país.
Antecedentes del caso
En el marco de las investigaciones por este doble asesinato, siete integrantes de la Policía Nacional Civil, entre ellos un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes, fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia por presuntas irregularidades en la detención de los hermanos Choc Toz, efectuada el pasado 17 de octubre, quienes fueron vinculados erróneamente con el crimen.
El Juzgado Tercero Penal resolvió ligar a proceso a los siete policías por los delitos de abuso de autoridad, simulación de delito y obstaculización a la acción penal. Asimismo, ordenó que permanezcan en prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala.
El Ministerio Público cuenta con un plazo de dos meses para profundizar en las investigaciones y desarrollar las diligencias correspondientes.
Por su parte, el Ministerio de Gobernación informó que las acciones contra los agentes se derivaron de una investigación interna realizada por la Inspectoría General de la PNC, por instrucciones de esa cartera.
La institución indicó que, desde que tuvo conocimiento de los señalamientos, ordenó las investigaciones correspondientes, adoptó medidas administrativas respecto del personal involucrado y mantuvo la colaboración con las autoridades competentes.
El Ministerio de Gobernación también señaló que ninguna actuación policial está fuera del alcance de la ley y que cualquier presunta irregularidad debe ser investigada, independientemente del grado o cargo de los elementos involucrados.
