El exministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, compareció este miércoles 28 de enero ante el Juzgado Séptimo Penal en la Torre de Tribunales. La diligencia, vinculada a una investigación de la FECI por delitos administrativos, fue suspendida y reprogramada para marzo de 2026.
Suspensión y reprogramación: El futuro legal de Maldonado
La audiencia de primera declaración, que debía definir si el exfuncionario del gobierno de Alejandro Giammattei enfrentaría un proceso penal, no pudo concretarse según lo previsto. El órgano jurisdiccional estableció el martes 3 de marzo de 2026 como la nueva fecha para retomar la diligencia.
Durante esta fase, el juez evaluará los indicios presentados para determinar la situación jurídica del exministro. Hasta el cierre de esta nota, los pormenores específicos del expediente se mantienen bajo reserva parcial, aunque la vinculación con la administración anterior es el eje central del caso.
Los delitos que imputa la FECI al exfuncionario
A pesar del hermetismo inicial, consultas realizadas al área de Gestión Penal del Organismo Judicial revelaron que el caso está bajo la lupa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). La fiscalía señala a Maldonado por la posible comisión de dos delitos específicos:
- Nombramientos ilegales: Relacionado con designaciones dentro de la cartera de Comunicaciones que podrían haber obviado los requisitos de ley.
- Incumplimiento de deberes: Por la supuesta omisión de funciones propias de su cargo durante su gestión.
El Ministerio Público (MP) aún no ha ampliado los detalles técnicos de la investigación, pero se espera que en la próxima audiencia se presenten las pruebas documentales que sustentan estos señalamientos.
“Es un tema laboral”: La postura de la defensa
Al abandonar la sala de audiencias, Javier Maldonado fue abordado por periodistas sobre la naturaleza de su comparecencia. El exministro minimizó los cargos, asegurando que no se trata de una investigación por malversación de fondos o sobornos.
“Un tema laboral. No hay mayor pronunciamiento que hacer debido que no se llevó la primera declaración. Es un proceso laboral”, manifestó el exfuncionario ante los medios.
Maldonado enfatizó que, desde su perspectiva, el caso se limita a discrepancias administrativas en el ámbito de trabajo y no a actos de corrupción. No obstante, el control jurisdiccional de la FECI sugiere que el ente investigador busca determinar si estas acciones afectaron la integridad de la administración pública.
