El Ministerio Público (MP) anunció este 19 de noviembre que extendió una invitación al presidente Bernardo Arévalo para reunirse con la fiscal general María Consuelo Porras. El objetivo es abordar las tensiones surgidas luego de las declaraciones del mandatario, quien afirmó que no permitirá que dependencias del Ejecutivo acaten “órdenes ilegales” provenientes del MP.
La reunión, según la convocatoria del ente investigador, se programaría para el jueves 21 de noviembre a las 9:00 horas en el edificio del MP, en el barrio Gerona, zona 1 de la capital.
Contexto de la polémica
La invitación surge tras los recientes allanamientos realizados por el MP en busca del exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, investigado por posible lavado de dinero. Estos operativos se llevaron a cabo horas después de la renuncia del exfuncionario.
El presidente Arévalo, en una conferencia de prensa el domingo 17 de noviembre, rechazó las acciones del MP y manifestó que no permitiría que instituciones del Ejecutivo acataran órdenes que calificó como ilegales.
En respuesta, la fiscal general Porras reiteró su disposición a dialogar y recordó que ya había invitado al mandatario a una reunión en enero pasado, la cual no se concretó.
Posición de la Presidencia
La Secretaría Privada de la Presidencia confirmó la recepción de la solicitud del MP. Sin embargo, indicó que será la Presidencia quien emita una invitación formal para coordinar el encuentro, basándose en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Hasta el momento, no se ha definido una fecha para ello.
El secretario Juan Gerardo Guerrero subrayó que la comunicación oficial sobre este tema deberá provenir de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
Tensión entre poderes
La relación entre el Ejecutivo y el MP ha estado marcada por constantes tensiones, especialmente en torno a investigaciones sensibles. Este episodio amplifica el debate sobre la independencia y coordinación entre ambas instituciones en un contexto político complejo.
El posible encuentro entre Arévalo y Porras podría ser un paso crucial para disminuir los conflictos y garantizar el respeto mutuo entre poderes del Estado. Sin embargo, las diferencias marcadas dificultan prever si se logrará un consenso efectivo.
