El Ministerio Público (MP) informó este viernes, 13 de septiembre, que el exalcalde de El Quetzal, San Marcos, Flavio Haroldo Velásquez García, ha sido ligado a proceso penal por el delito de peculado, tras una investigación relacionada con el manejo irregular de fondos públicos.
El Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Coatepeque, Quetzaltenango, dictó el auto de procesamiento contra Flavio Haroldo Velásquez García, tras presentar la Fiscalía contra la Corrupción indicios suficientes que lo señalan de haber permitido la sustracción de Q238,580 destinados a la construcción de una biblioteca en el municipio.
Según la investigación del Ministerio Público, Velásquez García, en su calidad de alcalde y como miembro de la comisión de recepción de obra, aprobó la finalización del proyecto a pesar de que este no había sido completado. Este hecho permitió la malversación de fondos asignados para dicha obra.
El caso no solo involucra al exalcalde. La Fiscalía contra la Corrupción del MP también logró que, el pasado 6 de junio, fueran ligados a proceso penal otros tres exfuncionarios de la Municipalidad de El Quetzal por el mismo delito de peculado. Los procesados son:
- Joel Isaías Velásquez Gonzales
- Óscar Eduardo Barrios Ochoa
- Nelson Rubilio López Vásquez
Al igual que Flavio Haroldo Velásquez García, estos exfuncionarios habrían aprobado la recepción del proyecto sin que este estuviera terminado, lo que facilitó la sustracción de los fondos mencionados.
Investigación en curso
La Fiscalía contra la Corrupción continúa con la investigación para esclarecer todos los detalles del caso y determinar el grado de responsabilidad de los involucrados. El peculado, considerado un grave delito contra el patrimonio público, implica la malversación de fondos destinados al bienestar y desarrollo de las comunidades, lo que afecta directamente a la población.
Es importante la transparencia y la rendición de cuentas en las gestiones municipales, en especial en proyectos que impactan directamente en el acceso a infraestructura y servicios esenciales como la educación.
Las autoridades judiciales continuarán con el proceso penal para determinar las sanciones correspondientes a los responsables.
