Lejos de adaptarse a la práctica habitual tres congresistas hicieron grandes desembolsos para cerrar los tratos de compraventa. De hecho, tienen algo más en común: fueron parte de la alianza que controló el Congreso de la República de 2020 a 2024 y que apoyó todas las decisiones del gobierno de Alejandro Giammattei.
El legislador Mario Ernesto Gálvez Muñoz, quien fue reelecto para el actual período, fue el primero en emplear este tipo de negociación. En abril de 2020, apenas inaugurado el gobierno, desembolsó Q510,800 para tener un apartamento.
La propiedad se encuentra en un condominio de la zona 1 capitalina e incluye un parqueo y una bodega, cuyos espacios obtuvo el parlamentario de la Unidad Nacional de la Esperanza tras presentar un cheque por el valor indicado.
La suma cancelada por Gálvez Muñoz, quien es contador y auditor, no es congruente con el salario de un parlamentario, que devenga Q29,150 mensuales. Eso sí, previo a su llegada al Congreso de la República, para representar a San Marcos, recibió millones del Estado con su empresa Servicios Integrales de Construcción.
Los registros de Guatecompras indican que fue contratista estatal entre 2011 y 2019. Durante ese período, según el portal, consiguió adjudicaciones por Q15.57 millones. La mayoría lo erogó la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán.
La construcción de sistemas de agua potable, mejoramiento de carreteras, edificación de canchas deportivas, levantamiento de un salón comunal o la ampliación de una escuela fueron algunos de los motivos por los que se le dio esa cantidad de dinero.
Caso: Lilian García
La exdiputada Lilian Piedad García Contreras, quien buscó –sin éxito– la reelección en las elecciones pasadas también aprovechó durante el anterior período legislativo para adquirir un inmueble en la ciudad capital.
La negociación la hizo en diciembre de 2020, cuando el país atravesaba una crisis a raíz de la pandemia de la COVID-19. No obstante, eso no fue impedimento para que la exfuncionaria desembolsara medio millón de quetzales para hacerse con la propiedad.
Esta se encuentra en una zona residencial de la zona 16, la cual, según el Registro General de la Propiedad, abarca 200 metros cuadrados. Para agenciarse de la misma, García Contreras presentó tres cheques que juntos sumaron los Q500,000.
Ella fue parte del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza en el Legislativo, pero después se adueñó del partido Prosperidad Ciudadana, con la que se postuló para seguir ocupando una curul, pero su participación fue bloqueada.
Tal situación se debió a que, presuntamente, esta última agrupación política había cometido irregularidades en procedimientos internos y el Tribunal Supremo Electoral descartó su inclusión en los comicios del año pasado.
Ello ocurrió cuando Carlos Pineda, el presidenciable de la organización de la exdiputada, lideraba las encuestas y representaba una amenaza para los principales candidatos de la alianza de Alejandro Giammattei: Sandra Torres, Zury Ríos y Manuel Conde.
Caso: Sergio Arana
Sergio David Arana Roca, quien sigue representando a Escuintla en el Congreso de la República, compró dos fincas al contado en un departamento del que no es originario: Alta Verapaz. Estas se encuentran en Sacanilla, Cobán.
Por las propiedades, el congresista reelecto con el partido Vamos pagó Q300,000 por medio de un cheque. Es decir, que cada una de las fincas fue valorada en Q150,000.
La adquisición se efectuó en enero de 2021, casi un año después de que se convirtiera en diputado con la agrupación de Giammattei. Sin embargo, se transformó en uno de los diputados que, posteriormente, se alió a la organización de Bernardo Arévalo.
Tras conocerse su respaldo hacia el nuevo partido oficial, la Corte Suprema de Justicia le quitó la inmunidad por señalamientos de violencia contra la mujer, aunque ello ocurrió casi año después de que se conociera la denuncia.
Arana Roca fue uno de los legisladores con mayor notoriedad en 2023, ya que fungió como uno de los vicepresidentes del Congreso de la República cuando todavía se le consideraba parte del proyecto político de Vamos.
Los datos presentados en este reportaje y en los siguientes de la serie de esta investigación fueron recopilados, procesados y analizados durante seis meses por el equipo de Prensa Comunitaria, en los que se consultó diversas fuentes y registros públicos para brindar datos sobre el patrimonio de los diputados y sus familiares, sus vínculos con empresas contratistas del Estado y las plazas o contratos laborales que obtuvieron o mantuvieron en las instituciones públicas.
