La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala resolvió este 30 de diciembre otorgar ocho amparos que frenan definitivamente el Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2026. Con esta decisión, el plan de gastos de Q163 mil 469 millones queda suspendido, obligando al gobierno de Bernardo Arévalo a funcionar el próximo año con el presupuesto vigente de 2025.
Un fallo por mayoría que redefine el gasto público
La resolución fue aprobada por la mayoría de los magistrados del tribunal. Los votos a favor de suspender el presupuesto provinieron de Leyla Lemus, Nester Vásquez, Dina Ochoa y Héctor Pérez Aguilar. El único magistrado que votó en contra de esta medida fue Roberto Molina Barreto.
Ante esta parálisis legal, el Ejecutivo deberá realizar ajustes sobre el presupuesto de 2025, el cual asciende a Q154 mil 836 millones tras las ampliaciones aprobadas previamente por el Congreso. Este retroceso financiero representa una diferencia de Q8 mil 633 millones respecto al plan que el Gobierno pretendía ejecutar en 2026.
¿Quiénes detuvieron el presupuesto y bajo qué reclamos?
Las acciones legales que derribaron el plan de gastos fueron impulsadas por una coalición de alcaldes, asociaciones y abogados que denunciaron graves anomalías. Entre los solicitantes destacan la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), el alcalde de Mixco, Neto Bran, y la Municipalidad de Puerto Barrios.
Los reclamos presentados ante la Máxima Corte se agruparon principalmente en tres ejes:
- Vicios Legislativos: Abogados como Fernando Linares Beltranena y Diego Sagastume Vidaurre señalaron ilegalidades en la aprobación del Decreto 27-2025.
- Asignaciones Discrecionales: Erick Roberto Sosa Aldana denunció una asignación de Q500 mil al municipio de Puerto Barrios calificada como “desproporcionada e injustificada” en comparación con otros distritos.
- Agravios Municipales: Inconformidad con el cálculo del situado constitucional y la asignación para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).
Anomalías en el Congreso y falta de proyectos
El fallo de la CC también responde a señalamientos sobre la forma en que los diputados aprobaron el decreto en la madrugada del pasado 27 de noviembre. Economistas y opositores enfatizaron que se asignaron fondos millonarios para los Codedes sin que existieran proyectos específicos registrados, lo que aumentaba el riesgo de opacidad en la ejecución.
A pesar de que la Municipalidad de San Gaspar Ixchil también intentó detener el presupuesto, su acción fue la única suspendida por no cumplir con los requisitos previos solicitados por el tribunal. Ahora, el Gobierno enfrenta el reto de iniciar el 2026 bajo un régimen de austeridad forzada y readecuación técnica.
