El reciente aumento salarial aprobado por el Congreso de la República, que eleva los ingresos de los diputados a más de Q50 mil mensuales, ha provocado un intenso debate entre sectores de la sociedad, organizaciones civiles y los mismos legisladores. La medida, oficializada este 9 de diciembre con la publicación del Acuerdo 31-2024 en el Diario de Centro América, incluye no solo el incremento salarial, sino también el derecho a indemnización y prestaciones de ley al finalizar el mandato de los diputados.
Presupuesto y Aprobación
El presupuesto para 2025 aprobado por el Congreso asciende a Q1,464.6 millones, con un aumento de Q260.4 millones respecto al presupuesto original. Este incremento, del 21.62%, incluye la readecuación necesaria para equiparar los salarios de los diputados con los de los magistrados de las Salas de Apelaciones. Según lo estipulado, la Junta Directiva del Congreso tiene la responsabilidad de garantizar que los legisladores reciban una remuneración acorde a la categoría de dichos magistrados.
El aumento fue aprobado con 87 votos a favor, pero no sin generar polémica. Algunos diputados argumentaron que su voto fue registrado erróneamente como favorable, lo que pone en duda el consenso alcanzado durante la sesión del 26 de noviembre, que se extendió hasta altas horas de la madrugada.
Derechos Adicionales: Indemnización y Prestaciones
Además de incrementar el salario, el acuerdo otorga a los legisladores derechos que no estaban contemplados anteriormente, como indemnización al dejar el cargo y prestaciones de ley. Esto representa un cambio significativo, dado que los diputados no habían gozado de estos beneficios anteriormente.
Críticas y Amparos
El aumento salarial y los nuevos derechos han generado indignación en amplios sectores. Organizaciones como Acción Ciudadana y el bloque VOS presentaron amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para revertir la medida. Sin embargo, la Corte ha retrasado su decisión, argumentando que necesita más tiempo para evaluar la documentación proporcionada por el Congreso.
Diputados como Nadia de León (Nosotros), Byron Rodríguez (Todos) y Faver Salazar (Valor) aseguraron haber votado en contra, aunque sus votos aparecen registrados como favorables. Otros legisladores, como Gerson Barragán y Obbed Castañeda, intentaron promover la derogación del acuerdo en sesiones posteriores, sin éxito hasta el momento.
Impacto en la Credibilidad del Congreso
El Observatorio Legislativo destacó que este tipo de decisiones debilita aún más la confianza de la ciudadanía en el Congreso, especialmente en un contexto donde los problemas sociales y económicos demandan mayor austeridad y enfoque en prioridades nacionales.
Juan Carlos Rivera, cuarto secretario de la Junta Directiva, indicó que una reversión del acuerdo solo sería posible mediante una nueva enmienda, que requeriría el respaldo de al menos 81 diputados. Sin embargo, las sesiones pendientes se realizan en un clima de tensión, con quórum incierto.
El aumento salarial y los beneficios adicionales para los diputados han puesto nuevamente en el centro del debate público la necesidad de una reforma integral en la gestión del Congreso. Mientras tanto, sectores de la sociedad y la oposición política exigen mayor transparencia, moderación y alineación del gasto legislativo con las prioridades nacionales.
La Corte de Constitucionalidad, por su parte, tiene la última palabra en los recursos legales presentados, cuyo desenlace será clave para determinar si este acuerdo prevalece o es revertido en beneficio de la imagen institucional del Congreso y el bienestar del país.
