El director general de Transporte, Mynor González, confirmó este martes que la escasez de personal operativo impide ampliar los controles en las principales carreteras del país. Debido a este déficit, la institución apenas ha logrado sancionar a tres transportistas por incumplir con el reglamento de reguladores de velocidad.
El nudo administrativo que detiene las sanciones
A pesar de la urgencia por reducir la siniestralidad vial, la Dirección General de Transporte (DGT) se enfrenta a un muro presupuestario. González explicó que, en diciembre del año pasado, una propuesta para fortalecer el departamento de control fue rechazada por la Dirección Técnica del Presupuesto.
“No es solo contratar personas; necesitamos crear puestos bajo el régimen de servicio civil para que tengan la autoridad legal de imponer sanciones”, afirmó el funcionario.
Actualmente, la DGT está rearmando el expediente para presentarlo ante la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC), buscando que los nuevos inspectores tengan la calidad de servidores públicos necesaria para ejercer la ley en carretera.
Apenas tres multas en un mar de infracciones
La brecha entre la normativa y la ejecución es evidente. Mientras miles de unidades circulan diariamente, la falta de supervisores ha limitado los resultados a cifras mínimas. El enfoque principal de los pocos operativos vigentes es el regulador de velocidad, un dispositivo vital para prevenir tragedias, pero cuya fiscalización es hoy casi inexistente.
Para intentar mitigar la crisis, la DGT coordina esfuerzos con:
- PROVIAL (Dirección General de Protección y Seguridad Vial).
- Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).
Sin embargo, estas alianzas no sustituyen la necesidad de un cuerpo de inspectores propio y robusto que pueda cubrir la red vial nacional de manera permanente.
Un sistema que urge de reestructuración
El director González enfatizó que el fortalecimiento institucional es la única vía para garantizar que el transporte extraurbano cumpla con las medidas de seguridad. Mientras el proceso administrativo avanza en las oficinas centrales, los usuarios del transporte público continúan vulnerables ante el exceso de velocidad en las rutas del país.
