Presentan denuncia por anomalías en ejecución de programas de la SOSEP

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La Contraloría General de Cuentas realizó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por irregularidades en la ejecución de más de Q60 millones en programas del año 2023 a cargo de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (SOSEP) fundada en 1991, para atender las necesidades prioritarias de la población más vulnerable.

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La Contraloría como órgano rector del control gubernamental y de fiscalización del gasto público, con el objetivo de velar por la transparencia y la abierta rendición de cuentas, y en respuesta a la atención ciudadana en el marco del cumplimiento de su mandato constitucional está practicando  a través de la Subcontraloría de Calidad del Gasto Publico, una auditoría financiera y de cumplimiento a la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente; específicamente al programa 38 obras sociales, renglón presupuestario 211 alimentos para personas, en la actividad 02 Atención Integral a Primera Infancia y actividad 015 Atención Integral al Adulto Mayor; se auditaron las compras que respaldan el gasto en el renglón de alimentación para las niñas y niños menores de 7 años de edad, beneficiarios de los Hogares Comunitarios y Centros de Atención y Desarrollo Infantil -CADI- y para los adultos mayores de 60 años de edad, beneficiarios de la actividad Atención Integral al adulto Mayor.

En el proceso se garantizó el derecho de defensa de los auditados, llevando a cabo todos los procedimientos que la ley establece, dando como resultado la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público por un monto de  60.765,959.35 de quetzales.

Se pudo establecer que las autoridades responsables en su calidad de Funcionarios y Empleados Públicos, no cumplieron con las funciones inherentes al cargo, evidenciando incumplimiento de deberes y falta de transparencia en la ejecución presupuestaria así como los demás delitos que puedan surgir de la investigación que realice la autoridad competente para lo cual la contraloría analiza la posibilidad de constituirse como querellante adhesivo.

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