La manifestación fue convocada como pacífica e indefinida frente al Palacio Nacional de la Cultura, sin bloqueos y sin partidos, un día después de que el presidente atribuyera las protestas de la semana pasada a políticos y al narcotráfico.
Comerciantes de mercados y transportistas marcharon este lunes 14 de septiembre de 2026, desde las 14:00 (hora de Guatemala, GMT-6), por el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala para rechazar el subsidio a los combustibles y exigir que se eliminen los impuestos a los carburantes. Piden lo contrario a lo que pidió el presidente.
Quiénes convocaron y qué piden exactamente
La convocatoria salió de la Asociación de Comerciantes de Mercados Unidos de Guatemala y de la Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos. Además la participación de la Asociación de Gremiales de Transportistas y de ciudadanos sin afiliación gremial.
Julio Rivas, presidente de la Asociación de Comerciantes de Mercados Unidos, lanzó el llamado el propio 14 de septiembre con una frase que se volvió el eje de la jornada: “Este 15 de septiembre no hay independencia, porque nos tienen hundidos en una crisis económica y de combustible.”
Su petición central no es que el subsidio llegue más rápido. Es que no se aplique. El sector plantea eliminar el impuesto a los combustibles como vía para bajar el precio en la bomba, y Rivas ha sostenido en entrevistas previas que la única solución que aceptarán es que el galón regrese al rango de Q28 a Q33, el nivel de inicios de 2026.
Álvaro Contreras, representante de la Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos, confirmó que el sector ya expresó al Gobierno su rechazo al subsidio y pidió otras alternativas. Dijo que la organización agrupa taxis, fleteros, transporte urbano, extraurbano y transporte pesado, y cuestionó el funcionamiento del mercado de carburantes: pidió revisar cómo se importan, se distribuyen y se comercializan.
El planteamiento coincide con el de las gremiales de transporte extraurbano. Gretexpa y Gretrucex ya habían solicitado el veto del decreto y propuesto eliminar el Impuesto a la Distribución del Petróleo, el IVA y el arancel de importación sobre los combustibles.
La respuesta indirecta al discurso presidencial de anoche
Este es el punto que la marcha dejó marcado. La noche del domingo 13 de septiembre, en un mensaje pregrabado transmitido en cadena nacional, el presidente Bernardo Arévalo de León afirmó que “la ley necesita entrar en vigor de manera urgente” y sostuvo que había “otros actores” aprovechando el malestar ciudadano “para provocar bloqueos y acciones violentas que, lejos de ser manifestaciones pacíficas, buscan sembrar el caos y el desorden”.
Arévalo señaló que en Río Hondo, Zacapa, “políticos locales se han coludido con actores del narcotráfico para pagarle a los participantes en los bloqueos”, y mencionó también Cuyotenango (Suchitepéquez) y Villa Nueva (Guatemala).
Rivas fijó su distancia de ese marco antes de salir a la calle. Enfatizó que Mercados Unidos no promueve bloqueos, sino una manifestación pacífica, y descartó cerrar carreteras porque los propios locatarios se perjudican: la mayoría de sus productos son perecederos. Sobre la composición del movimiento fue explícito: “Aquí no queremos oportunistas de la política ni enviados de partidos.”
Nivel de confirmación de los señalamientos presidenciales: son afirmaciones del Ejecutivo. El Ministerio Público confirmó que no se había presentado ninguna denuncia formal. No hay personas individualizadas por autoridad judicial ni imputaciones. Rige la presunción de inocencia. Tampoco hay elemento alguno que vincule a los convocantes de esta marcha con esos señalamientos.
El giro del presidente sobre los subsidios
El reclamo de los manifestantes se apoya en un cambio de postura documentado.
En 2022, cuando era diputado de la bancada Semilla, Arévalo criticó el subsidio de Q700 millones del gobierno de Alejandro Giammattei. Afirmó entonces: “Aún con un subsidio de 700 millones de quetzales, el diésel sigue siendo el más caro de toda Centroamérica. Los millones han servido de poco y la mayor parte se la quedaron las empresas de combustible.”
El diputado Allan Rodríguez, jefe de la bancada Vamos, fue más lejos en declaraciones, sostuvo que durante su campaña Arévalo cuestionó los subsidios y los vinculó con prácticas de corrupción entre el Ejecutivo y los importadores de combustibles. Esa afirmación sobre el período de campaña es del legislador y está pendiente de verificación documental contra el registro público de campaña. Lo verificable de forma independiente es el pronunciamiento de 2022 como diputado.
Como presidente, la trayectoria es otra: en abril de 2026 celebró en redes un primer subsidio de Q8 al diésel y Q5 a las gasolinas; en julio de 2026 llevó al Congreso una propuesta de Q12 y Q3 que no logró consenso; el 7 de septiembre de 2026 presentó la iniciativa del precio máximo de Q39.
Rodríguez añadió un elemento grave: afirmó haber recibido amenazas de muerte tras objetar el decreto y responsabilizó al presidente por cualquier hecho que afecte su seguridad o la de su familia. Dijo que ya levantó actas notariales. Este hecho está atribuido exclusivamente al diputado y no hay confirmación oficial de una denuncia ante el Ministerio Público ni respuesta pública del Ejecutivo al respecto.
Cómo quedó el Centro Histórico
Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Empresa Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), reportó dos manifestaciones simultáneas:
- Un grupo avanzó por la Sexta Avenida y 8a. calle, en las inmediaciones del Portal del Comercio, zona 1.
- El segundo se ubicó en la Sexta Avenida y 14 calle, frente al Ministerio de Gobernación, con dirección al norte del Centro Histórico.
Ambas confluyeron hacia la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura.
El área amaneció con dispositivo reforzado por las actividades de la Independencia. Se instalaron vallas alrededor de la plaza y el ingreso quedó restringido solo a personas acreditadas. Permaneció cerrado el tramo entre el parque y la 3a. calle, en sectores de la Sexta y Séptima avenidas.
En el lugar operaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), Policía Municipal (PM), Policía Municipal de Tránsito (PMT) y del Ejército de Guatemala, además de un operativo conjunto de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) y la PNC.
Por qué el precio no ha bajado un centavo
Porque el Decreto 21-2026 sigue detenido en el Congreso.
La Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos se aprobó el martes 8 de septiembre de 2026 con 130 votos de 160, de urgencia nacional. Fija precios máximos de Q39 para diésel y gasolina regular y Q41 para superior, con un fondo de hasta Q2 mil 500 millones para compensar a los importadores, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
Pero el 10 de septiembre Rodríguez presentó cuatro objeciones: falta de transparencia y poco tiempo de análisis, errores en el procedimiento legislativo, inconsistencias en los precios fijados y violación a la certeza jurídica. Señaló incongruencias entre los artículos 1 y 8 y una posible vulneración del artículo 109 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. La bancada VOS presentó su propio pliego el mismo día.
Mientras el pleno no resuelva esas objeciones, el decreto no se traslada al Ejecutivo, no se sanciona, no se publica en el Diario de Centro América y su artículo 14 no se activa.
Los precios que enfrentaban los manifestantes al 10 de septiembre, en estaciones de servicio completo: diésel Q48.89, gasolina superior Q45.09, gasolina regular E10 Q43.09. Rodríguez reportó Q50 en Alta Verapaz y Q48.99 en el resto del país.
Qué vigilar a partir de mañana
El martes 15 de septiembre es asueto por la Independencia y no hay actividad legislativa ordinaria. Mercados Unidos anunció que su protesta continúa.
La fecha que decide el precio de su tanque es el martes 22 de septiembre de 2026, cuando el pleno del Congreso conocería las objeciones. Después falta el reglamento del Ministerio de Energía y Minas, que el titular Erwin Barrios dijo tener en elaboración, y la publicación en el Diario de Centro América. Arévalo estimó unos 10 días para ese tramo, lo que ubica la aplicación efectiva hacia finales de septiembre o inicios de octubre, si nada más se atraviesa.
En paralelo, el Ejecutivo anunció que trabajará con el Congreso en un fondo de compensación como medida complementaria. Ese es el terreno donde podría abrirse el diálogo que piden los comerciantes, o donde se confirmará que las dos posturas siguen sin punto de encuentro.
