El conflicto entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y el Gobierno ha pasado de la Plaza de la Constitución a las carreteras del país. Tras el desalojo de su campamento frente al Palacio Nacional, el sindicato inició una serie de caravanas y caminatas desde distintos puntos. Sin embargo, el Ejecutivo ha minimizado la fuerza de estas protestas y ha reiterado que actuará con base en la ley para garantizar la libre locomoción.
Gobierno: “Se Privilegiará la Manifestación, pero no a Costa de la Locomoción”
Este viernes 18 de julio, Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, fue claro en la postura del Gobierno. Aseguró que se actuará para que el derecho de manifestación no interfiera con otros derechos constitucionales, cumpliendo con órdenes judiciales previas.
“Se privilegiará salvaguardar los derechos constitucionales, el de manifestación, pero que esto no implica trastocar la libertad de locomoción”, expresó Palomo.
Esta postura se respalda en una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) que instruye a utilizar los mecanismos correspondientes para liberar los bloqueos, una medida que el Gobierno aplicará tanto a las caminatas que obstruyen el paso como a los bloqueos fijos reportados desde el 10 de julio.
Según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), se han reportado al menos tres puntos de bloqueo en Río Hondo y Estanzuela (Zacapa), y en Jutiapa. A esto se suma la caminata proveniente de Huehuetenango, que ha mostrado un fuerte respaldo al dirigente sindical, Joviel Acevedo.
«Marchas Pequeñas y Estrategias Fallidas»: La Visión del Ejecutivo
El vocero presidencial calificó las nuevas acciones del STEG como una muestra de debilidad y falta de convocatoria.
“Son marchas muy pequeñas, se suma a una serie de estrategias fallidas por parte del STEG. Jovieltenango ya se redujo como pudieron ver (…), estamos viendo que este esfuerzo es cada vez más débil, cada vez más maestros están en su aula de clases”, agregó Palomo.
El Contexto: Desalojo, Órdenes Judiciales y Multas
La tensión escaló el pasado martes 15 de julio, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) inició el desalojo de los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura, argumentando la necesidad de analizar los daños al Patrimonio Cultural.
Este desalojo se produjo tras una resolución de la CC que ordenaba al sindicato cesar cualquier amenaza al derecho a la educación.
Sumado a esto, la presión legal y económica sobre el sindicato se ha intensificado. El jueves 17 de julio, se dio seguimiento a las multas impuestas por el Juzgado Quinto de Trabajo, ordenando que al menos 850 afiliados paguen la respectiva multa de Q4,000 a la Corte de Constitucionalidad por incumplimiento de las órdenes judiciales previas.
