El heredero de Semilla llega a 2027 con 14 diputados, un crecimiento de 1,657% en afiliados sin explicación pública, tres bases municipales en fuga y una fiscalización abierta que el tribunal cerró en silencio.
El TSE inscribió a Raíces como partido político el lunes 7 de septiembre de 2026, cuatro meses después de ordenar tres auditorías sobre su crecimiento de afiliados. Ninguna tiene resultado público. El partido nace del cancelado Movimiento Semilla, la agrupación con la que Bernardo Arévalo ganó la Presidencia en 2023.
Qué firmó el TSE y qué no verificó públicamente
La Dirección General del Registro de Ciudadanos publicó la resolución en la edición legal del Diario de Centro América.
El diputado Samuel Andrés Pérez Álvarez presentó la solicitud definitiva con la documentación del artículo 67 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). El Registro verificó el artículo 69 y publicó el resumen de la escritura constitutiva, los estatutos y la nómina de órganos permanentes.
El punto que define todo el expediente está en el propio edicto: Raíces acreditó el número de afiliados requerido mediante declaración jurada.
Declaración jurada. No auditoría publicada.
Con Raíces, los partidos habilitados para las elecciones generales de 2027 subieron a 27.
La escritura pública que dos medios fechan distinto
La constitución consta en la escritura pública número 97, autorizada por el notario José Fernando Alonzo García en la Ciudad de Guatemala.
Infobae la fecha el 17 de agosto de 2026. Soy502 la fecha el 2 de abril de 2026. Ambos citan el mismo edicto. El TSE no había aclarado la contradicción al cierre de esta nota.
¿Cómo pasó Raíces de 2,167 a 38,070 afiliados?
La cifra viene del registro oficial del TSE, y es el corazón del debate.
4 de febrero de 2026: 2,167 afiliados o adherentes. Marzo: 12,527. Finales de abril: 20,782. 12 de mayo: superó las 27,494 firmas del artículo 19 de la LEPP, el 0.30% del padrón. Junio: se detuvo abruptamente en 38,070.
Es un crecimiento superior al 1,650% en cuatro meses.
La LEPP concede a un comité proformación hasta dos años. Raíces inscribió su acta fundacional el 1 de octubre de 2025 y cerró el proceso en poco más de once meses. De 24 comités activos, solo cuatro superaron el umbral en ese período.
Deyanira Herrera, jefa del Departamento de Organizaciones Políticas del TSE, dio la explicación institucional: no hay día en que Raíces no entregue documentación nueva.
Pérez describió el método: “a pie, casa por casa, plaza por plaza, barrio por barrio, mercado por mercado, con la firma del pueblo de Guatemala sobre el papel y con legitimidad”.
Seis depuradores, un sistema hackeado y una asignación manual
Tres datos técnicos hacen incómoda la aritmética.
Uno: el TSE contaba con seis depuradores de firmas para todos los comités del país. La asignación de expedientes se hace de forma manual, según confirmó la propia jefa del departamento.
Dos: el sistema informático del TSE sufrió un hackeo y no operó al cien por ciento al menos hasta los primeros días de junio de 2026, exactamente durante la ventana del crecimiento acelerado. Eso impidió a fiscales de partidos y ciudadanos auditar en tiempo real qué firmas ingresaban.
Tres: entre mayo y el 22 de julio de 2026 el TSE revisó 130,983 registros de adhesión y rechazó 45,139 por inconsistencias: el 32%. En ese mismo período Raíces fue tercero entre los comités con más adherentes validados, con 12,418.
El sistema sí detecta inconsistencias, y a gran escala. Cuántas encontró en Raíces es precisamente lo que no se publica.
Las 19 preguntas que el TSE no quiso responder
Aquí el caso deja de ser un pleito entre partidos y se vuelve un problema de acceso a la información.
Byron Castro, consultor y analista político, presentó la solicitud UIP-O-230-05-2026 con 19 preguntas sobre el expediente de Raíces.
El resultado: 5 respondidas completas, 7 sin respuesta, 5 parciales o evasivas y 2 negadas.
Las dos negadas son las decisivas: cuántas hojas de adhesión de Raíces fueron impugnadas o rechazadas.
El 8 de junio de 2026 Castro presentó recurso de revisión ante el pleno de magistrados y denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos por negativa a entregar información pública, amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008). Anunció que llevaría el caso a la Corte de Constitucionalidad.
Su formulación merece reproducirse textual, porque es más precisa que la de los partidos: “En ningún momento se ha dicho que hubo fraude o falsificación. Los números por sí solos no lo permiten, pero los datos sostienen que Raíces tuvo un crecimiento estadísticamente extraordinario y el sistema que debía documentarlo estuvo bajo presión. El TSE tiene en sus archivos los datos que despejarían las dudas, pero eligió no publicarlos.”
Tres meses después, el TSE otorgó la inscripción sin publicarlos.
¿Qué denunció la oposición y qué contestó el gobierno?
El 1 de mayo de 2026, Teresita de León Torres, secretaria general de la UNE e hija de Sandra Torres, pidió a los magistrados revisar el crecimiento. Lo llamó “apresurado” y “totalmente significativo”.
Fue más lejos ante el pleno: señaló presuntas irregularidades que involucrarían al TSE y al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y afirmó que ciudadanos habrían recibido ofrecimientos de programas sociales a cambio de adherirse. Advirtió además que entre tres y cuatro comités más mostraban patrones similares.
Ninguno de esos señalamientos ha sido probado ni ha derivado en caso judicial.
Pérez no respondió al fondo. Contestó en X: “La UNE en la voz de la hija de Sandra Torres, otra vez con pánico a Raíces (…) Sí, nos tienen miedo. Y tienen razón de tenerlo.” Y sobre la fiscalización: “Va a ser interesante ahora sí ver cómo se están financiando partidos como la UNE.”
El 14 de mayo de 2026 el TSE ordenó tres acciones: informe detallado al Departamento de Organizaciones Políticas, verificación de la Auditoría Electoral y revisión de contabilidad, finanzas y reportes de gastos por la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos.
Ninguno de los tres resultados se ha publicado.
La frase de Arévalo que quedó sin seguimiento
El 19 de mayo de 2026, en la conferencia “La Ronda”, el presidente Bernardo Arévalo de León fue consultado directamente sobre las denuncias de entrega de bolsas de víveres a cambio de adhesiones.
Su respuesta: de comprobarse, se tomarán acciones.
No se conoce ninguna acción tomada, ni ningún informe que confirme o descarte la denuncia. El mandatario tampoco figura en Raíces: renunció a su afiliación y a la Secretaría General de Semilla en diciembre de 2023, como exige la LEPP, según informó entonces Noticias del Valle.
Termina su período en enero de 2028 sin partido propio. Vale contrastarlo con lo que Pérez dijo al lanzar el proyecto en mayo de 2025: los diputados de Raíces serían “soldados del presidente Arévalo”, y la agrupación era presentada como “la evolución de Semilla”.
¿Qué encontró el MP en las firmas de Semilla?
Para entender la alarma hay que ver el expediente del partido madre, donde sí hay peritajes y sentencias.
La fiscal Leonor Morales Lazo detalló el 27 de marzo de 2026 lo que el MP dice haber documentado en las hojas de adhesión de Movimiento Semilla: 8,121 ilegalidades.
Desglosadas: 5,542 con nombres y DPI inexistentes, 2,394 con nombres que no coinciden con el DPI, 40 personas adheridas cuando ya habían fallecido, 13 que negaron haberse afiliado y 132 adhesiones repetidas.
El MP señaló al entonces secretario general de Semilla, Samuel Pérez, de haber solicitado la inscripción del partido pese a conocer las anomalías. Es el mismo Pérez que hoy encabeza Raíces.
El estado del caso al cierre de marzo de 2026: siete sentencias condenatorias firmes, seis prófugos declarados en rebeldía y seis autoridades del partido con antejuicios en curso. En agosto de 2025 el juez Fredy Orellana activó alertas rojas de Interpol y requirió al TSE informar sobre los fondos públicos recibidos. La CSJ retomó los antejuicios contra Arévalo y Pérez desde enero de 2025.
Hay un antecedente que rara vez se menciona: Arévalo mismo, cuando era secretario general de Semilla, denunció inconsistencias en las afiliaciones del partido, según recordó República en mayo de 2026.
El contraste indispensable
Este expediente tiene dos caras y omitir una es desinformar.
El proceso contra Semilla es considerado por gobiernos, la Unión Europea y organismos internacionales una persecución política. La exfiscal general Consuelo Porras Argueta fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. El juez Fredy Orellana ha sido sancionado por más de 40 países.
La LEPP reserva la facultad de suspender un partido al Registro de Ciudadanos, no a un juez penal. El registrador Ramiro Muñoz sostuvo ese criterio en julio de 2023, y luego lo abandonó: ejecutó la suspensión el 28 de agosto de 2023, una hora antes de que el TSE proclamara a Arévalo presidente electo.
La cancelación se consumó el 28 de noviembre de 2024. La CC rechazó por unanimidad los últimos recursos el 26 de marzo de 2026, con prohibición de usar el nombre y emblema de Semilla por diez años, el mismo artículo 95 aplicado a FCN-Nación en agosto de 2025.
Es decir: un aparato judicial cuestionado internacionalmente documentó irregularidades reales en un partido que también fue perseguido ilegalmente. Ambas cosas están en el expediente. Ninguna cancela a la otra.
¿Qué pasó realmente con el voto nulo y las candidaturas excluidas en 2023?
Aquí conviene desmontar una versión que circula con fuerza, porque los datos oficiales dicen algo distinto y más interesante.
Primera vuelta, 25 de junio de 2023. El voto nulo alcanzó 17.39% (956,413 votos): fue la opción más votada del país, por encima de la UNE (15.86%) y muy por encima de Semilla (11.78%). Sumado al voto en blanco, llega a 24.38%.
Es un dato brutal sobre la legitimidad del sistema. En 2019 el nulo había sido 4.12%.
Pero la LEPP reformada en 2016 exige que el nulo supere el 50% para anular y repetir la elección. Quedó a 33 puntos. El voto nulo no obtuvo mayoría y jurídicamente no podía anular nada.
Segunda vuelta, 20 de agosto de 2023. Arévalo obtuvo 2.4 millones de votos, el 60.9% de los válidos, contra 1.5 millones de Torres. El nulo y el blanco cayeron a 4.75%. No fue una victoria estrecha: fue un margen de más de 20 puntos.
Las tres exclusiones que sí ocurrieron, y quién las provocó
Lo que hizo del voto nulo un fenómeno fue que tres candidaturas quedaron fuera antes de votar.
Thelma Cabrera, líder indígena del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, fue excluida porque a su compañero de fórmula Jordán Rodas le faltaba una constancia de no tener cuentas pendientes con el Estado.
Roberto Arzú, de Podemos, quedó fuera por campaña anticipada.
Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana, era primero en las encuestas con 22% a 23% de intención de voto. La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo le otorgó amparo provisional el 19 de mayo de 2023 al partido CAMBIO, de Manuel Baldizón y sus hijos, que impugnó la asamblea de Prosperidad Ciudadana del 20 de noviembre de 2022. El Registro de Ciudadanos suspendió más de 1,200 candidaturas mediante la resolución SRC-R-1830-2023. La CC confirmó por unanimidad el 26 de mayo de 2023.
Es un dato clave para la cronología: la exclusión de Prosperidad Ciudadana fue impulsada por el partido de Baldizón y ejecutada por tribunales, no por Semilla ni por el oficialismo. Semilla era entonces una candidatura marginal que no aparecía ni en el 5% de las encuestas.
Pineda reaccionó: “La CC avala el #FraudeElectoral y pierde Guatemala y nos quedamos sin democracia”. Y llamó explícitamente al voto nulo buscando superar el 50%. Arzú y Cabrera hicieron lo mismo.
Human Rights Watch lo calificó como “clara instrumentalización del poder judicial para garantizar un resultado electoral”, según su subdirector en funciones para las Américas, Juan Pappier. La Unión Europea, Estados Unidos y la CIDH expresaron preocupación.
La CC, al resolver, ordenó además al MP investigar a quien resultara responsable de actividades ilícitas en el caso de Prosperidad Ciudadana.
El resultado honesto de leer todo junto: el proceso de 2023 estuvo viciado por exclusiones judiciales que la comunidad internacional consideró arbitrarias, y el electorado castigó eso con el voto nulo más alto en tres décadas. El beneficiario indirecto de que se cayeran los favoritos fue Semilla. Nada indica que Semilla lo provocara, y el mismo aparato judicial que excluyó a esos candidatos fue después el que canceló a Semilla.
El TREP de Q148 millones y las actas precargadas
Hay un frente adicional que el MP mantiene abierto sobre las elecciones de 2023 y que no ha sido resuelto.
Según la fiscal Morales, la investigación estableció 1,151 actas número 4 ya cargadas al sistema TREP a las 18:00 horas, cuando apenas cerraban las urnas, algo que a su juicio hacía imposible un conteo tan rápido.
Ese sistema informático costó Q148 millones y, según denuncias que incluyen una de la propia Contraloría General de Cuentas, pudo estar sobrevalorado.
El MP también reportó audios que sugerirían participación de al menos dos de los cinco magistrados titulares del TSE que dejaron el cargo en marzo de 2026, con la verificación de las grabaciones aún en proceso y sin órdenes de captura giradas.
El 27 de marzo de 2026, el MP pidió formalmente al nuevo pleno del TSE revisar las supuestas ilegalidades de las elecciones de 2023. Los magistrados no se han pronunciado.
Ante esa petición, Pérez respondió: “Yo no meto las manos al fuego por nadie, pero no veo que sea un TSE subordinado a una agenda golpista.”
Advertencia necesaria: ninguno de estos señalamientos del MP ha sido probado en sentencia, y provienen de una institución cuyas cabezas han sido sancionadas internacionalmente. Tampoco han sido desvirtuados públicamente por el TSE. Están abiertos.
Cómo se compran firmas en Guatemala: un caso ya en tribunales
Este apartado no trata de Raíces. Trata de un mecanismo probado judicialmente, y por eso importa.
El 17 de octubre de 2025, dos personas fueron ligadas a proceso por irregularidades en la inscripción del comité del partido Alianza por la Justicia, tras denuncia de la inspectora general del TSE.
Según el MP, ante la presión por reunir 25 mil firmas, el entonces secretario general del comité acordó con un oficial de Secretaría General II del propio TSE obtener aproximadamente 12 mil adhesiones a cambio de Q250 mil, pagados en cuatro entregas.
El Inacif confirmó por documentoscopía que la letra manuscrita en las hojas coincidía con la del trabajador del tribunal. Se afilió a ciudadanos y a empleados del TSE sin su consentimiento.
Delitos imputados: cohecho pasivo, falsedad material, falsedad ideológica con agravación electoral y abuso de autoridad con propósito electoral. Una sindicalista del TSE ya había sido condenada en un caso previo.
Ese es el precedente: un empleado del tribunal, una base de datos y un precio. Explica por qué negarse a publicar cuántas hojas de Raíces fueron rechazadas no es un tecnicismo.
¿Por qué se están yendo las bases de Raíces?
Las acusaciones más específicas contra Raíces no vinieron de la UNE ni del MP. Vinieron de dentro, en menos de dos semanas.
21 de agosto de 2026: Cindy Sucely Rodríguez Rodas, concejal de Mixco electa con Semilla y una de las caras que impulsó Raíces, anunció su salida por falta de respaldo político en la fiscalización.
31 de agosto de 2026: Fernanda Elgueta, de Quetzaltenango, denunció imposición de dirigencias y que Pérez presentó recurso de revocatoria contra la asamblea departamental. El conflicto estalló al intentar incorporar a seis personas del equipo del diputado José Orlando Pérez al Comité Ejecutivo Departamental, lo que daría mayoría y el control de la Secretaría General Departamental.
2 de septiembre de 2026: salida de integrantes en San Miguel Petapa, por no respetarse “la democracia interna ni la autonomía de las estructuras municipales”.
El comunicado quetzalteco es la frase más dura del expediente: “No aceptamos haber sido utilizados para conseguir firmas y construir la organización para después ser desplazados cuando nuestras decisiones dejan de ser convenientes.”
Léela junto a las cifras de afiliación. Es una acusación de instrumentalización hecha por quienes recogieron las firmas.
Pérez lo negó: “Es totalmente falso que haya una imposición en ningún lugar del país, municipio o departamento, no se ha incidido.”
El mismo patrón, documentado desde 2021
En marzo de 2021, cuando Pérez era secretario general de Movimiento Semilla, Suzanne Brichaux aseguró haber sido expulsada de forma “arbitraria, injusta y antidemocrática”. En su escrito afirmó que había apoyado la formación del partido recolectando firmas y aportando recursos, y que la dirigencia después concentró el poder y boicoteó a las bases.
Cinco años después, Quetzaltenango, Mixco y San Miguel Petapa describen lo mismo.
La contradicción de cinco días que el TSE no ha explicado
El 2 de septiembre de 2026, Pérez reconoció a Prensa Libre que Raíces aún no había celebrado todas las asambleas que exige la ley y estimó que las completarían en “algunos meses”.
La inscripción definitiva se publicó el 7 de septiembre de 2026.
O las asambleas pendientes se celebraron, documentaron y validaron en menos de una semana, o la valoración del propio secretario general estaba equivocada. El TSE no ha dicho cuál.
Qué gana Raíces y cuánto dinero está en juego
La inscripción otorga personalidad jurídica y con ella tres capacidades que un comité no tiene: postular candidatos, celebrar asambleas de proclamación y acceder al financiamiento político.
Ese último punto tiene precio conocido. La deuda política se paga a US$2 por voto válido, y el TSE debe distribuir alrededor de Q71.1 millones entre unas 16 organizaciones por el período 2024-2028. A Semilla nunca se le desembolsó, porque estaba en proceso de cancelación.
Raíces concentra a 14 de los 23 diputados que Semilla llevó al Congreso. Pérez presidió el Congreso en 2024-2025. Su Comité Ejecutivo Nacional Provisional lo integran, además de él en la Secretaría General, José Manuel Martínez Cabrera, Mercedes Monzón, Andrea Villagrán, Román Castellanos, Andrea Reyes, Elena Sofía Mota Coloma, Ronald Ochaeta y Laura Marroquín.
En mayo de 2026, Castellanos anunció que Raíces publicaría voluntariamente un informe completo de ingresos y gastos ante el TSE, aunque la ley no lo obliga en fase preliminar. Dijo: “La rendición de cuentas es un principio fundamental.” Ese informe no se ha hecho público.
Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), fue frontal: “Un partido sin bases no es partido, sin organización no lo es, más aún cuando es su primera experiencia política.” Añadió que la fórmula parece orientada a “garantizar un fracaso electoral desde antes de la convocatoria”.
Raíces no ha oficializado ninguna nómina de candidatos.
Qué sigue y qué queda sin responder
Las fechas: la resolución del recurso de Byron Castro ante el pleno del TSE; el pronunciamiento de la PDH; la respuesta del TSE a la petición del MP de revisar las elecciones de 2023; las asambleas de proclamación, para las que el tribunal ya habilitó horas extras; y la convocatoria formal a elecciones en enero de 2027.
Las preguntas: cuántas hojas de adhesión de Raíces fueron rechazadas; qué concluyeron la Auditoría Electoral y la Unidad de Fiscalización de Finanzas; cuál es la fecha real de la escritura pública 97; si el informe voluntario de ingresos y gastos llegará antes de la campaña; y si el nuevo pleno del TSE abrirá o archivará el expediente de 2023.
El dato a vigilar en el corto plazo es si el TSE publica los resultados de su propia auditoría después de haber otorgado la inscripción. Un partido inscrito con una fiscalización sin cerrar es una hipoteca que se cobra en plena campaña, y en 2027 el voto nulo ya demostró que sabe leer expedientes.
