Un informe de la PNC señala que los agentes fueron atacados con armas de fuego después de tres intentos de diálogo para ejecutar una orden judicial en la finca Macho Creek, Izabal.
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Un oficial de la Policía Nacional Civil murió y otros dos agentes resultaron heridos este 26 de agosto de 2026 durante una diligencia de desalojo en la finca Macho Creek, Livingston, Izabal. Según el reporte policial, pobladores dispararon contra integrantes de las Fuerzas Especiales de Policía.
Qué ocurrió durante el desalojo en Livingston
La diligencia tenía como objetivo ejecutar una orden judicial de desalojo en la finca Macho Creek. Antes de iniciar cualquier intervención, las autoridades efectuaron tres acercamientos para solicitar a los pobladores que abandonaran voluntariamente el inmueble, de acuerdo con el informe policial proporcionado.
El primer diálogo se desarrolló entre las 10.30 y las 10.50 horas. Participaron el juez de Paz de Livingston y representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Procuraduría General de la Nación (PGN), Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) y Ministerio Público (MP).
También estuvieron presentes el representante legal del propietario del inmueble, personal de la asesoría jurídica de la PNC y mandos policiales.
Según el parte, los pobladores manifestaron que no estaban dispuestos a abandonar las tierras donde viven y trabajan.
Tres intentos de diálogo terminaron sin acuerdo
Las autoridades realizaron un segundo acercamiento entre las 10.55 y las 11.16 horas, pero los ocupantes mantuvieron su negativa a retirarse voluntariamente.
El tercer diálogo comenzó a las 11.38 horas y concluyó a las 11.53, nuevamente sin acuerdo.
Después de esas conversaciones, los integrantes de las Fuerzas Especiales de Policía comenzaron a formarse para recibir instrucciones. En ese momento, según la versión de la PNC, pobladores dispararon contra los agentes con armas de fuego.
Los mandos policiales ordenaron la retirada del contingente ante el ataque.
Quién era el oficial fallecido
La víctima fue identificada como Carlos Arturo Colindres Lorenzo, oficial tercero de la PNC, de 45 años.
Colindres Lorenzo recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado a un hospital. El informe indica que murió posteriormente debido a la gravedad de la lesión, aunque todavía debe confirmarse públicamente el centro asistencial, la hora del fallecimiento y el dictamen médico correspondiente.
La PNC tampoco había divulgado, al momento de preparar esta nota, información sobre las honras fúnebres o el acompañamiento ofrecido a la familia del oficial.
Quiénes son los otros agentes heridos
El ataque dejó heridos a Maynor Efraín Choc Chub, de 28 años, y Samuel Orlando Hernández Hernández, de 32.
Choc Chub sufrió una herida en la pierna izquierda y una fractura de tibia. La información disponible no precisa su condición clínica actual ni el hospital donde permanece atendido.
Hernández Hernández recibió un disparo en el brazo izquierdo. Según el diagnóstico consignado en el reporte, no necesitó hospitalización.
Por qué es importante este ataque contra la PNC
La muerte del oficial convierte la diligencia judicial en un caso penal que deberá ser investigado para identificar a los responsables de los disparos y determinar las circunstancias exactas del enfrentamiento.
El hecho también profundiza la tensión alrededor de los desalojos y los conflictos por la tierra en Livingston. Macho Creek ya había sido escenario de intentos de desalojo y movilizaciones comunitarias durante 2025.
Además de esclarecer el homicidio y las lesiones de los agentes, las autoridades deberán establecer si se respetaron todos los protocolos judiciales, policiales y de derechos humanos antes y durante la intervención.
Antecedentes del conflicto en Macho Creek
El 15 de octubre de 2025, un contingente policial intentó ejecutar otro desalojo en Macho Creek. Aquella diligencia concluyó sin que las familias fueran retiradas, según una publicación de Prensa Comunitaria.
Ese medio informó entonces que en la comunidad residían alrededor de 100 familias Q’eqchi’ y mestizas. Los habitantes sostienen que tienen una relación histórica con el territorio, mientras particulares reclaman derechos sobre las tierras.
Estas afirmaciones forman parte de una controversia territorial que debe examinarse mediante los expedientes judiciales, documentos registrales y resoluciones administrativas correspondientes. La información disponible no permite establecer por sí sola quién posee el derecho definitivo sobre el inmueble.
Los antecedentes muestran que el conflicto era conocido y que existía riesgo de una confrontación. Esto vuelve relevante esclarecer qué medidas preventivas fueron adoptadas para la diligencia del 26 de agosto.
Qué se sabe hasta ahora del desalojo en Macho Creek
Está confirmado en el informe policial proporcionado que un oficial murió y dos agentes fueron heridos de bala. El documento también registra tres intentos de diálogo anteriores al ataque.
La versión que atribuye los disparos a pobladores procede de la PNC. Hasta ahora no se ha identificado públicamente a ningún presunto responsable ni se han reportado capturas relacionadas con la muerte de Colindres Lorenzo.
Tampoco se ha divulgado un balance oficial sobre posibles personas heridas entre los habitantes de Macho Creek. Publicaciones comunitarias en redes sociales denunciaron disparos contra civiles, pero esos señalamientos no han sido verificados de manera independiente.
Las autoridades aún deben informar si fueron localizadas armas, casquillos u otros indicios, y si el Ministerio Público abrió una investigación formal en el lugar.
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Qué ocurrirá después
El Ministerio Público deberá procesar la escena, recopilar evidencia balística, entrevistar a policías, autoridades judiciales, representantes institucionales y pobladores, y establecer desde qué puntos se efectuaron los disparos.
También se espera un pronunciamiento oficial de la Dirección General de la PNC o del Ministerio de Gobernación sobre la muerte del oficial, la condición de los agentes heridos y las acciones emprendidas para localizar a los responsables.
La autoridad judicial deberá determinar si la orden de desalojo continúa vigente, será suspendida o se programará una nueva diligencia. Cualquier nueva intervención requerirá medidas reforzadas para proteger a los funcionarios, habitantes y observadores presentes.
El siguiente punto clave será la presentación del informe oficial del Ministerio Público y la PNC. Esos documentos deberán aclarar la secuencia del ataque, la evidencia recuperada, la situación de la comunidad y el futuro de la orden judicial en Macho Creek.
