El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, esta vez por una investigación sobre 320 contrataciones aparentemente anómalas que fueron autorizadas por la presidenta en funciones, Blanca Alfaro.
La propia magistrada reveló la existencia de esta investigación, a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en una tensa rueda de prensa este viernes 27 de junio.
La revelación se produjo durante una reunión de trabajo convocada por Alfaro con el pleno de magistrados y representantes de los partidos políticos, donde el tema central fue esta nueva pesquisa que sacude los cimientos del órgano electoral.
Contrataciones Unilaterales: “Mi Persona las Autorizó”
El núcleo de la investigación radica en la forma en que se aprobaron estas 320 contrataciones. Alfaro admitió ante la prensa que ella tomó la decisión de manera unilateral, sin el aval del pleno de magistrados, como lo establece la ley.
—¿Esa primera contratación la conoció el pleno? —Mi persona.
—¿Solamente usted? —Sí.
—¿Ese caso no debía ser discutido por el pleno? —Este tema venía desde febrero-marzo la convocatoria, recuérdese que nos volvimos a integrar hasta el 11 de abril, esas instrucciones ya se habían dado—, respondió Alfaro.
La magistrada justificó su accionar argumentando que en ese momento el pleno se encontraba “desintegrado” debido a una pugna interna con los magistrados suplentes sobre la forma en que ella asumió la presidencia. Ahora, el futuro de estos 320 trabajadores, que cumplieron dos meses de prueba, depende de una nueva decisión del pleno.
El Origen: De Pugna Sindical a Investigación Penal
Según Alfaro, la investigación tiene sus raíces en una disputa interna entre dos sindicatos del TSE. Una serie de denuncias escaló hasta el Ministerio Público (MP), lo que, a su criterio, derivó en la captura de Angelita Martínez, líder de uno de los sindicatos y jefa de archivo del tribunal.
“La misma denuncia que existe en la FECI primero existió en una inspección del TSE, un problema entre dos sindicatos. Esa misma denuncia se presentó en el Ministerio de Trabajo, el cual la desestimó”, explicó Alfaro.
La presidenta en funciones se mostró suspicaz ante la celeridad de la FECI: “Imagínese una investigación que en dos meses ya llega a un requerimiento de secuestro de documentos”, indicó.
La Propuesta de Alfaro: “Eliminar a la FECI”
En un movimiento político audaz durante la reunión con los partidos, Blanca Alfaro lanzó una propuesta contundente: que el próximo Fiscal General de la República elimine a la FECI.
“El próximo fiscal general debe terminar con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, porque ya existe una fiscalía contra la corrupción, existe una fiscalía de delitos administrativos y debemos terminar con el mal recuerdo de una fiscalía que se ha dedicado a casos selectivos, principalmente a dañar el buen nombre de ustedes como partidos políticos y del Tribunal”, expresó Alfaro a los representantes partidarios.
Curruchiche Responde: Es “Obstaculizar Investigaciones y Procurar Impunidad”
La respuesta del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, no se hizo esperar. El fiscal criticó duramente la sugerencia de la magistrada. “Al ser ella una funcionaria pública y sugerir que se cierre una fiscalía, es obstaculizar las investigaciones, -quiere- que no se sepa la verdad y procurarse o procurarles impunidad a sus afines”, sentenció Curruchiche.
Contexto de una Presidencia en Disputa
Esta nueva crisis se suma a la ya frágil situación del TSE. Alfaro ejerce la presidencia en funciones porque el magistrado titular, Gabriel Aguilera, está separado del cargo por el proceso penal del caso TREP, relacionado con la compra del sistema de transmisión de resultados por Q148 millones.
La forma en que Alfaro asumió el cargo no fue compartida por los magistrados suplentes, quienes mantienen una acción de amparo activa en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Además, esta misma semana, Alfaro fue notificada de un nuevo antejuicio en su contra, también promovido por la FECI, del cual dijo “desconocer detalles por salud mental”.
