El Tribunal de Amparo ha otorgado un fallo definitivo a favor del Movimiento Guatemalteco de Pobladores (MGP) y de miles de familias que esperan subsidios para acceder a una vivienda digna, adecuada y saludable.
Este amparo, impulsado por el presidente de la Junta Directiva y representante legal del MGP, Carlos Alejandro Cumes Luc, representa un precedente importante en defensa de los derechos humanos y la seguridad habitacional en el país.
La sentencia invalida la decisión tomada por la Junta Directiva del Fondo para la Vivienda (FOPAVI) en el acta 5-2024, mediante la cual se intentó anular los subsidios aprobados en 2023 para más de diez mil familias.
Esta decisión había generado críticas al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) por presunta negligencia en la administración pública y su incapacidad para ejecutar los fondos.
La orden judicial establece que se mantenga en vigor el acta 13-2023, aprobada en noviembre del año pasado, en la cual se formalizó el subsidio directo para 10,664 familias guatemaltecas.
En respuesta, el MGP exige que los recursos asignados en el presupuesto de 2024 para estas familias no se redirijan al fondo común, sino que se ejecuten de manera inmediata y efectiva.
Este fallo pone en una situación crítica al ministro de Comunicaciones y al viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, quienes deberán agilizar las gestiones para cumplir con lo establecido en el amparo y evitar violaciones a los derechos humanos de las familias beneficiadas.
