El Congreso de la República aprobó este martes 21 de octubre una reforma legal que corrige los efectos negativos provocados por la llamada Ley Ganadera de 2024, la cual había reducido los recursos destinados a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) para el programa de alimentación escolar.
Dicha normativa, que según algunos analistas podría haber abierto la puerta al lavado de dinero mediante un régimen especial de tributación, incluyó artículos que afectaban directamente la asignación de fondos para la refacción escolar.
“Esto repercute directamente en la cantidad y calidad de alimentos que deben proporcionarse a los alumnos en los distintos centros educativos, al disminuir el monto entregado por estudiante. Por lo tanto, en lugar de reducir los aportes, estos deben fortalecerse económicamente, conforme al propósito de la Ley de Alimentación Escolar”, señala el dictamen favorable emitido por la Comisión de Seguridad Alimentaria.

El dictamen estaba programado para conocerse en primera lectura durante la sesión del martes, sin embargo, diputados del bloque Cabal propusieron una moción para declarar la iniciativa de urgencia nacional y aprobarla de inmediato. Aunque la moción generó un amplio debate, fue finalmente rechazada.
Una segunda moción presentada por la diputada Sofía Hernández, del bloque Vamos y ponente de las reformas, logró el respaldo tanto del oficialismo como de bancadas opositoras, permitiendo así que la iniciativa se conociera y aprobara con carácter de urgencia nacional.
Cambios aprobados
La reforma eliminó dos artículos incorporados originalmente en la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario, los cuales obligaban al Ministerio de Educación (Mineduc) a retener el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los fondos asignados a la alimentación escolar.
Además, se suprimieron disposiciones contenidas tanto en la Ley del IVA como en la Ley Ganadera, que limitaban la cantidad de recursos transferidos a las OPF.
Durante la misma sesión, los diputados de Cabal también lograron apoyo para modificar el Presupuesto General 2024, corrigiendo un error que impedía la transferencia de Q3.5 millones a una escuela agrícola debido a una equivocación en el nombre oficial del centro educativo.
La reforma fue aprobada con 144 votos a favor y quedó establecida como el Decreto 10-2025.




