Ciudad de Guatemala – 15 de abril de 2025. Mientras un caso judicial avanza, otro de mayor gravedad permanece en suspenso. María Fernanda Bonilla Archila aceptó cargos por el uso ilegal de un teléfono celular dentro del centro de detención de Zacapa y ahora enfrenta el pago de Q12,273.28 como reparación digna al Estado de Guatemala. Sin embargo, el proceso penal por su presunta implicación en el homicidio de Melisa Palacios continúa sin una resolución clara.
Avance en Caso por Uso de Celular
El caso por el uso del dispositivo móvil se originó en enero de 2022, cuando Bonilla realizó una transmisión en redes sociales desde la cárcel, violando la prohibición establecida en el artículo 26 de la Ley contra el Crimen Organizado, que sanciona este acto con prisión de seis a diez años.
En una audiencia reciente en Chiquimula (celebrada el 7 de abril de 2025), Bonilla, a través de su defensa, optó por el procedimiento especial de aceptación de cargos. Esto podría significar una reducción en la pena de prisión.
Actuando como parte agraviada en representación del Estado, la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó la reparación económica de Q12,273.28. Esta solicitud fue aceptada por el juzgado competente de Chiquimula durante la audiencia. El juez a cargo ha programado dictar la sentencia correspondiente para el próximo 25 de abril de 2025 a las 15:00 horas.
Estancamiento en el Caso Melisa Palacios
En agudo contraste, el proceso por la muerte de Melisa Palacios, ocurrida el 5 de julio de 2021, sigue sin avances significativos. La investigación del Ministerio Público (MP) señala a Bonilla y a su guardaespaldas, José Luis Marroquín Ovalle, como presuntos participantes en el crimen.
Un punto clave de controversia fue la decisión del juez José Maximino Morales González de reclasificar el delito de asesinato a homicidio en estado de emoción violenta, tras excluir pruebas consideradas clave por la fiscalía. Actualmente, no hay fecha definida para la audiencia de etapa intermedia debido a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún debe resolver un amparo interpuesto por el MP contra decisiones judiciales previas.
Intentos Fallidos de Traslado y Confirmación de Juez
El Instituto de la Víctima ha intentado en dos ocasiones, desde inicios de 2024, que el caso sea trasladado a un Juzgado de Mayor Riesgo en la Ciudad de Guatemala, argumentando peligros procesales y tensiones locales. Ambas solicitudes han sido rechazadas por la CSJ, la última vez el pasado 10 de abril de 2025, al considerar que la calificación actual de homicidio no justifica el traslado. En esa última resolución, también se denegó un amparo provisional que buscaba separar a los jueces de Chiquimula por dudas sobre su independencia.
A pesar de estos obstáculos, se ha resuelto la continuidad del juez Juan José Regalado para llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia, donde se decidirá si Bonilla y Marroquín Ovalle enfrentan juicio y bajo qué calificación penal.
Convocan a Marcha por Justicia
Ante la falta de avances y las controvertidas decisiones judiciales, familiares y amigos de Melisa Palacios han convocado a una marcha ciudadana. El objetivo es exigir justicia para Melisa y presionar por el traslado del caso a un juzgado que consideren con mayores garantías procesales. La manifestación está programada para el sábado 4 de mayo de 2025, partiendo a las 7:30 horas de la Plaza El Obelisco y culminando frente a la Corte Suprema de Justicia.
Así, mientras el caso por el uso del celular se acerca a una resolución, el proceso por la muerte de Melisa Palacios permanece en un limbo judicial, pendiente de decisiones clave y bajo la creciente presión ciudadana por justicia.
