El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos, presentó una solicitud de retiro de antejuicio en contra de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral: Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, Irma Elizabeth Palencia Orellana, Mynor Custodio Franco Flores, y Ranulfo Rafael Rojas Cetina; así como del Magistrado Suplente Álvaro Ricardo Cordón Paredes.
La solicitud se fundamenta en la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y fraude en el proceso de adquisición y adjudicación de la compra de 8,676 equipos de computación. Según una auditoría realizada por la Controlaría General de Cuentas, se determinó que la planificación realizada no fue adecuada, lo que resultó en una mala calidad del gasto público, al haberse excedido en la compra de 3,077 unidades que no fueron utilizadas para su fin específico. Este acto arbitrario causó un grave perjuicio a la Administración Pública al realizar erogaciones dinerarias innecesarias.
La solicitud de antejuicio se deriva de una denuncia interpuesta por auditores de la Controlaría General de Cuentas, la cual incluye a Jorge Salvador Santos Neill, encargado del Despacho de la Dirección General de Informática.
