Violencia cuesta a Guatemala, Honduras y El Salvador más de US$14.000 millones anualmente

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La inseguridad en los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) genera importantes costos monetarios que merman los fondos públicos y aumentan los gastos privados para garantizar la seguridad.

Según estudio del PNUD, esta cantidad es el monto asignado a gastos de salud, costos legales e institucionales, fuga de inversiones, pérdidas materiales y productividad perdida.

Los datos oficiales recopilados por el proyecto regional Infosegura, implementado por el Bureau Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), reflejan un descenso continuado del total de homicidios durante la última década.

Violencia cuesta a El Salvador, Guatemala y Honduras más de US$14.000 millones anualmente

La tasa de homicidios promedio de los tres países analizados, que fue superior a 57 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2010, disminuyó hasta alcanzar en 2021 un valor de 24.1 homicidios por cada 100,000 habitantes, aproximándose así a la tasa promedio de América Latina y el Caribe.

Sin embargo, en 2021 un total de 7.533 personas perdieron la vida de manera violenta en los países de la región, cifra que corresponde a un promedio de alrededor de 21 personas por día.

Según las estimaciones realizadas por el PNUD, la violencia cuesta anualmente a El Salvador, Guatemala y Honduras US$14,704 millones, un monto prácticamente idéntico al presupuesto total de Honduras. Por país, en 2019 el costo económico de la violencia en El Salvador y Guatemala equivalió a 2.3 veces los presupuestos combinados de educación y salud de cada país, respectivamente, y en Honduras esa razón fue de 1.9.

Este monto es en concepto de gastos de salud, costos legales e institucionales, ausentismo del trabajo, fuga de inversiones, pérdidas materiales y productividad perdida, lo que tiene un impacto considerable sobre el potencial de desarrollo de los países analizados.

Si bien el costo de la violencia medido en valores absolutos (es decir, en millones de dólares) fue más alto en Guatemala que en los países vecinos, este país presenta el costo más bajo cuando dicho costo se calcula como proporción con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), debido al mayor tamaño de la economía guatemalteca. En efecto, medido como proporción del PIB, el costo de la violencia fue mayor en Honduras, y a continuación se situaron El Salvador y Guatemala.

“El costo económico de la violencia en los tres países analizados supone un enorme drenaje de recursos de los Estados, que podrían ser utilizados para fortalecer las políticas de desarrollo y protección social u otros propósitos productivos”, señala el reporte.

En el caso de El Salvador, en 2019 el costo económico de la violencia fue equivalente a 2.3 veces el presupuesto combinado de educación y salud de ese país; en Guatemala dicho costo representó la misma proporción (2.3 veces) con relación a los mencionados presupuestos, y en Honduras esa proporción fue igual a 1.9.

Violencia cuesta a El Salvador, Guatemala y Honduras más de US$14.000 millones anualmente

Expresados en términos de la carga tributaria de 2019, los recursos perdidos debido al fenómeno de la violencia equivalieron a un 79 %, un 97 % y un 9 3% de la recaudación total de impuestos de El Salvador, Guatemala y Honduras, respectivamente.

Al considerarse que en el año 2005 un estudio similar cuantificó el costo de la violencia en Guatemala en US$2.386 millones (equivalentes al 7.3 % del PIB), esta cifra representa un alza del 214 % comparado a 2019.

Por su parte, en 2003 se estimó que la violencia costaba a El Salvador US$1.617 millones, es decir, que se incrementó un 130 %.

“Resulta clave que los países del norte de Centroamérica cuenten con políticas integrales de seguridad ciudadana centradas en las personas, basadas en evidencia, con perspectiva de género y enfocadas territorialmente, que permitan impulsar acciones que contemplen tanto el nivel preventivo como las acciones legítimas de coerción propias de un Estado de derecho”, apunta el estudio.

Fuente: Revista Estrategia y Negocios

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