En conferencia de prensa, el Ministerio Público (MP), liderado por la Fiscal General María Consuelo Porras, ha revelado los detalles de una profunda investigación que destapa una red de corrupción de alto nivel dentro del Sistema Penitenciario y el Ministerio de Gobernación, la cual habría facilitado la fuga masiva de 20 pandilleros de alta peligrosidad del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II.
La Fiscal General calificó la situación como una “crisis de Estado” y un “colapso en la gobernabilidad”, anunciando la emisión de órdenes de aprehensión contra exdirectores y una exviceministra, y lanzando una severa amonestación al Poder Ejecutivo por su manejo de la crisis.
Una Fuga Coordinada y “Sin Violencia”: Las Claves de la Investigación
La investigación, iniciada de oficio por la Fiscalía de Delitos Administrativos el pasado 12 de octubre, se centró en la evasión de 20 miembros activos de la Pandilla del Barrio 18. Según detalló la fiscal Marylin Solange Castillo, las inspecciones oculares, planimetrías y análisis de la escena en Fraijanes II demostraron que la fuga se produjo sin indicios de violencia.
“No existen indicios de violencia en los lugares relacionados, ni en los portones que limitan los círculos de seguridad”, afirmó Castillo. Esto, según el MP, denota que los fugados “pudieron haber salido con cooperación de personal del propio Sistema Penitenciario” y con la venia de “las más altas autoridades del Ministerio de Gobernación”.
La fiscalía presentó fotografías de los cuatro círculos de seguridad que los reos debieron atravesar, concluyendo que fue una operación coordinada desde adentro. Como resultado, se giraron órdenes de aprehensión por los delitos de incumplimiento de deberes, cooperación en la evasión y usurpación de funciones contra:
- Ludin Asdolfo Godínez, ex Director General del Sistema Penitenciario.
- Victor Arnoldo Alveño Barco, ex Subdirector del Centro de Detención Fraijanes II (ya capturado).
- Eladio Antonio Ramos Ramírez, ex Alcaide del Grupo “B” del centro.
- Claudia del Rosario Palencia Morales, ex Viceministra de Gobernación.
El Vínculo con las Extorsiones: El Peligroso Perfil de los Fugados
La Fiscal de Sección contra el Delito de Extorsión, Emma Flores, subrayó el grave impacto de esta fuga en la seguridad ciudadana, revelando que el 90% de las llamadas extorsivas en Guatemala se originan desde los centros de privación de libertad.
Los prófugos son pandilleros condenados por delitos de asesinato, asociación ilícita y extorsión, con sentencias que evidencian su altísimo perfil criminal. Entre ellos destacan reos como:
- Edwin René Ramírez Mox, alias “El Mosh”, con una condena de 174 años.
- Carlos Agustín Reyes Pool, alias “Cocker y/o Bufón”, sentenciado a 1,675 años de prisión.
La fiscalía también informó sobre la reciente recaptura en Quetzaltenango de Fernando Muñoz Sinar, alias “El Happy”, otro de los fugados, quien enfrenta un debate por asesinato y asociación ilícita.
Como parte de la estrategia para desarticular estas redes, el MP ha realizado 18 requisas en diversos penales, incautando 2 armas de fuego, 41 municiones, 38 teléfonos móviles, más de Q37,600 en efectivo y droga.
Acusaciones Directas al Ejecutivo: “Es una Burla Inaceptable”
El momento más tenso de la conferencia llegó con las declaraciones de la Fiscal General, María Consuelo Porras, quien dirigió una crítica directa al presidente de la República por haber simplemente “aceptado la renuncia” del Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez Irungaray, en lugar de destituirlo de inmediato.
“Respetuosamente, le solicito al señor presidente que actúe con seriedad y responsabilidad. El país no necesita montajes ni simulaciones políticas”, declaró Porras. Calificó la acción como “una burla inaceptable” y una “afrenta a la dignidad del pueblo de Guatemala”.
Por su parte, el Secretario General del MP, Angel Pineda, reforzó esta postura, afirmando que existe un “vacío de autoridad” y que mientras otros “se esconden detrás de discursos falaces”, el Ministerio Público “es el que da la cara” con resultados concretos.
Resultados y Próximos Pasos
El Ministerio Público reafirmó su compromiso de continuar con las investigaciones hasta deducir todas las responsabilidades, sin importar el nivel jerárquico. La “Fase 1” de este operativo culmina con las órdenes de captura anunciadas, pero se advirtió que el caso sigue abierto y se anticipan más acciones legales, incluyendo posibles solicitudes de antejuicio.
La institución destacó sus resultados en la lucha contra la extorsión durante 2025, reportando 1,235 sentencias que han afectado a 1,618 personas y la prevención de 38 muertes violentas. El mensaje final fue claro: el MP se posiciona como el garante de la legalidad ante lo que considera una falla sistémica en la seguridad del país.
