El Ministerio de Educación (Mineduc) emitió un comunicado sobre la solicitud de una revisión financiera, operativa y legal del Programa Seguro Médico Escolar por parte de la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la auditoría interna del Ministerio de Educación, cuya finalidad es accionar sobre el buen uso de los recursos.
¿Qué es el Programa Seguro Médico Escolar?
El programa impulsado Alejandro Giammattei y su ministra de Educación, Claudia Ruíz, funciona por medio de pólizas, por lo que el Estado desembolsa recursos periódicamente para su funcionamiento. El seguro abarca a estudiantes de preprimaria, primaria y media del sector público. Su creación se basa en el Acuerdo Gubernativo 44-2020 y reformas al Acuerdo Gubernativo 365-2022.
Tiene cobertura para consultas médicas en telemedicina, atención presencial, medicamentos, accidentes personales, servicios funerarios del estudiante.
La administración de Giammattei desembolsó en el primer año Q94.8 millones y llegó hasta Q346.5 millones en 2023 para ese proyecto, sin embargo, maestros de distintos departamentos denunciaron que la atención no llegaba a sus comunidades.
El Gobierno de Guatemala responde con esta acción a los llamados de diferentes sectores sobre posibles anomalías en el programa. Por ello, se verificará minuciosamente cada aspecto, desde lo legal en el camino recorrido para su creación, cómo se subcontrató el servicio, hasta si realmente los estudiantes obtienen beneficios equivalentes a los montos desembolsados.
Con 112 votos, el Pleno del Congreso aprobó el Punto Resolutivo 2-2024, en el cual exhortan a la Ministra de Educación Anabella Giracca a la revisión del programa y se le solicita a la Contraloría General de Cuentas que realice una auditoría de la ejecución de dicho programa y que deduzcan las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.
Este programa, de a acuerdo a varias denuncias públicas que realizaron padres de familia, nunca funcionó para el beneficio de los escolares del sector público, más bien, fue un negoción para beneficiar a las empresas farmacéuticas del país.
La propuesta del Congreso es que el seguro sea cancelado si no ha dado buenos resultados durante sus 4 años de existencia.
El Mineduc respondió inmediatamente e informó que ya pidió una revisión financiera, legal y operativa a la Contraloría, la Procuraduría General de la Nación y la Auditoría interna del Mineduc.
